Isabel Cajo, señalada en la investigación sobre una presunta red de prostitución que operaría en el Congreso de la República, ya no trabaja en la institución.
Durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, encargada de investigar la muerte de Andrea Vidal y la red de explotación sexual, el congresista Juan Burgos informó que Cajo Salvador ha dejado de formar parte del Legislativo.
“Creo que la señora mencionada, ya renunció al Congreso, el 27 de diciembre”, expresó Burgos a la prensa.
Renuncian miembros de comisión ad hoc que investiga presunta red de proxenetismo en Congreso
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, informó que tres miembros de la comisión Ad Hoc conformada para investigar la presunta red de prostitución al interior del Legislativo, renunciaron a sus cargos.
Las renunciantes al equipo ad hoc a cargo de investigar la denuncia sobre presunto proxenetismo en el Parlamento son: Flor de María Tello, profesional de la Oficialía Mayor del Congreso; Patricia María Durán Vázquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones; y Natalia Giselle Escudero Rodríguez, profesional de la Dirección General Parlamentaria.
Al inicio de la sesión de este 8 de enero, Juan Burgos, quien dirige el grupo de trabajo, informó que las tres personas serán citadas para que expliquen las causas de su salida de la comisión ad hoc.
Como se recuerda, los especialistas fueron designados por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (APP), para investigar al exfuncionario Jorge Torres Saravia. Ello según anunció el titular del Legislativo en última conferencia de prensa, pero el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, aclaró que fue él quien conformó dicho equipo.
Este 8 de enero, Giovanni Forno dijo que él les propuso a los trabajadores para que sean miembros de la comisión ad hoc, pero que ellos tienen derecho a renunciar. Se conoció incluso que una de las renunciantes, decidió salir de vacaciones.
Denuncia
Según una denuncia periodística, el destituido jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres, fue el presunto responsable de la contratación de mujeres jóvenes en esa oficina legislativa.
No obstante, la denuncia saltó a la primera plana de los medios cuando se informó que una de las extrabajadoras de la oficina liderada por Torres fue asesinada a consecuencia de una balacera cuando se trasladaba sola en un taxi por un distrito de Lima.
En declaraciones ante la comisión de Fiscalización, Torres rechazó las acusaciones que lo vinculan con una supuesta red de prostitución en el Congreso y aclaró que él recomendó a la extrabajadora fallecida por su perfil profesional.
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