​Comisión del Congreso acusa a Francisco Boza de dos delitos

El campeón panamericano de tiro Francisco Boza Dibós está en la mira telescópica de la comisión parlamentaria que investiga al exasesor electoral del oficialismo Martín Belaunde Lossio (MBL).

El grupo congresal que preside Marisol Pérez Tello ha enfocado claramente los reflectores sobre el medallista de oro, según precisa el informe final de esa comisión, que investigó los presuntos lobbies y contactos de Belaunde Lossio. Las evidencias señalan que Francisco Boza está en aprietos. “Este colegiado -precisa el informe final, al que Correo tuvo acceso- considera que hay indicios suficientes para abrir investigación a Francisco Juan José Boza Dibós por la presunta comisión del delito de colusión tipificado en el artículo 384 y del delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal en calidad de instigador”.

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El informe subraya que Francisco Boza tenía una relación personal con Belaunde Lossio, a quien solicitó realizar gestiones en torno al Pliego Presupuestal del Año Fiscal 2013 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

CANALES. En esa línea, concluye que Francisco Boza no recurrió a los canales oficiales y regulares dentro del sector Educación, al que se encuentra adscrita la institución que presidió.

“Se advierten sucesivas y forzadas postergaciones, llamando poderosamente la atención que el señor Boza Dibós -como titular del IPD- haya declarado la nulidad del proceso por un tema formal”, el que luego volvió a convocar y en el que se benefició a una empresa vinculada a Belaunde Lossio, detalla la investigación.

Otra de las conclusiones afirma que el ganador (Consorcio Chiclayo) ha causado un perjuicio económico a la entidad (IPD), ya que no culminó la elaboración del expediente técnico y cobró cerca de S/.480 mil y luego terminó incurriendo en causal de resolución del contrato al pedir un presupuesto de obras por S/.117’870,844.75, casi S/.20 millones más de su propia propuesta económica.

Por tal razón, el informe recomienda al Ministerio Público asumir la profundización de las investigaciones a fin de determinar otros posibles tipos penales derivados de los hechos descritos.

“Es necesario remitir copia del presente Informe Final a la Contraloría General de la República, a efectos de que dicha entidad obre conforme el procedimiento de sanción de responsabilidad administrativa funcional”, señala el documento.

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Uno de los puntos para llegar a las mencionadas conclusiones, en base a la documentación obtenida por la comisión investigadora, se detalla a continuación.

El IPD llegó a convocar a una licitación pública para la elaboración del expediente técnico y ejecución de las obras en el Complejo Deportivo Elías Aguirre.

Para ello se presentaron 14 empresas, entre las cuales se registró como postor Antalsis S.L., empresa ligada a Belaunde Lossio.

Sin embargo -sostiene el informe-, a través de un oficio, Francisco Boza declaró la nulidad de la convocatoria bajo el argumento de una falla técnica del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado).

ANTALSIS EN ACCIÓN. Luego hubo una segunda convocatoria, en la que se presentó como único postor el “Consorcio Chiclayo”, integrado por varias empresas, entre ellas Antalsis S.L., con una propuesta inicial ascendente a S/.93’699,015.43.

Sin embargo, se anuló el procedimiento nuevamente. En este caso, la empresa no cumplía algunos requisitos.

A pesar de lo mencionado, el IPD, bajo la dirección de Francisco Boza, realizó otra convocatoria, en la que ganó casualmente la misma empresa, ligada al ahora preso Belaunde Lossio.

Algo que resultó clave para la comisión investigadora fue el envío de un correo electrónico del medallista al señor Jorge Eugenio Bello del Real -hombre de confianza de Belaunde Lossio-, en el que le solicita ayuda para que el Congreso de la República apruebe el presupuesto para la obra Complejo Polideportivo “Elías Aguirre” de Chiclayo, con miras a los Juegos Bolivarianos.

Ese tema iba a ser presentado por la legisladora Cenaida Uribe. El mencionado e-mail fue reenviado al señor Belaunde Lossio, quien a su vez reenvió el mensaje a un tal “Carlitos”, en alusión al señor Carlos Fuyikawa García, exasesor congresal.

Belaunde Lossio le pide al asesor que solicite supuestamente ayuda a Josué Gutiérrez y a un tal “Angelito” que trabaja con Víctor Isla.

Casualmente, en ese momento el congresista Víctor Isla era presidente del Congreso, Gutiérrez era titular de la Comisión de Presupuesto y Cenaida Uribe estaba inmersa en la organización de los Juegos Bolivarianos.

No obstante, lo solicitado no se concretó, pero el IPD logró obtener S/.88 millones para ejecutar el proyecto.

LOS DESCARGOS. En declaraciones a la comisión investigadora en marzo de este año, Francisco Boza sostuvo que conoció a Belaunde Lossio en un evento deportivo en 2012 y le pidió ayuda para lo mencionado.

También negó conocer los vínculos del excolaborador de la pareja presidencial, hoy preso.

Según el informe final, Boza tuvo un “inadecuado desenvolvimiento como funcionario público al no conocer el marco normativo que regula su actuación y, por ende, de los canales oficiales”.

Por tal razón, fue pasado a la condición de investigado. El 22 de julio, Francisco Boza declaró en el Congreso que alcanzó un oficio a Cenaida Uribe con una propuesta para que se garantice la continuidad de los proyectos de inversión.

Asimismo, señaló que como presidente del IPD no pidió una ampliación de presupuesto ni direccionamiento en contrataciones de futuras obras.

“Ello no era para un proyecto de inversión, sino para varios proyectos, uno en la Videna y varios proyectos en Trujillo, siendo todos ellos la continuidad de proyectos de inversión, no presupuestos adicionales”, declaró.

Este medio intentó comunicarse con el medallista, a quien llamamos en más de una oportunidad, pero no obtuvimos respuesta.