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La Comisión Permanente del Congreso designó ayer a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se encargarán de sustentar un conjunto de informes finales sobre denuncias aprobadas y formular la respectiva acusación ante el Pleno del Parlamento.
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Entre esos informes, se encuentra la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones en la gestión del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Dicha denuncia presentada por la exlegisladora Yeni Vilcatoma concluye que el exjefe de Estado cometió infracción al artículo 126 de la Constitución sobre la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
El caso está relacionado con supuestamente no haber renunciado a sus acciones en la empresa Vizcarra SAC cuando fue titular del MTC en 2016 y 2017. Por ello, el informe propone la sanción de inhabilitación de Vizcarra para el ejercicio de la función pública por cinco años.
Con 28 votos a favor y cero en contra, la comisión Permanente designó a la parlamentaria María Taipe Coronado (PL) como integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 136 (antes 290) contra Vizcarra.
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OTROS
Asimismo, la comisión Permanente designó a la legisladora Rosío Torres (APP) como integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional 138 (antes 342) contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido César Águila por el delito de tráfico de influencias.
Torres también fue designada como integrante de la subcomisión que se encargará de sustentar el informe final sobre la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Dicho informe solicita la inhabilitación por 10 años de la función pública.
En otro momento, la comisión Permanente aprobó otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue las denuncias contra el expresidente Manuel Merino, el expremier Ántero Flores-Aráoz y el exministro Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las marchas de noviembre del 2020.
