Por el contrario, Carlos Almerí, titular en Constitución, adelanta que la bancada que lidera Urresti, no respaldará la norma
Por el contrario, Carlos Almerí, titular en Constitución, adelanta que la bancada que lidera Urresti, no respaldará la norma

Sobre la reforma constitucional que propone impedir la postulación de sentenciados por delitos penales a cargos de elección popular, no existe una posición institucional en la bancada de Podemos Perú, precisó ayer el congresista Luis Felipe Castillo Oliva.

“La posición respecto a este proyecto de ley no ha sido tomada aún por la bancada”, declaró a Correo.

Agregó que lo expresado ayer por el congresista Carlos Almeri, en el sentido de que Podemos Perú no apoyará dicha reforma, “es su opinión personal, muy respetable y de peso, por cierto”.

Según Almerí, representante de Podemos en la Comisión de Constitución, fue apresurada la votación de su bancada, el 5 de julio, a favor de esa reforma.

Ahora opina -como la mayoría en Podemos- que violenta normas sustantivas del Derecho Penal y tratados internacionales.

Como se sabe, esta importante modificación permanece encarpetada desde julio, sin que la Mesa Directiva del Congreso la ponga a consideración del Pleno para una segunda votación. La primera fue favorable con 111 votos.

A la fecha, la ratificación del proyecto se ha debilitado debido a que Podemos y UPP se retractaron. Fuerza Popular se opuso desde el inicio y mantiene esa postura.

La reforma requiere de al menos de 87 votos. La retracción de Podemos y UPP, cuyos líderes son investigados o tienen condenas, impediría su aprobación final.

CANDADOS. Al solicitársele su posición personal, Castillo Oliva aseguró que respalda la modificación.

“Mi posición siempre ha sido apoyar las ideas buenas. Si esto transparenta candidatos, que lleguen sin cuestionamientos, siempre lo he dicho, lo voy a apoyar”, dijo.

No obstante, luego relativizó su afirmación y anotó que el proyecto, si bien tiene un buen espíritu de renovación, podría ser objeto “de abuso o pretexto para sentencias express contra candidatos que tienen la preferencia de la población”.

A su juicio de dicho parlamentario, esto incluso generaría inestabilidad jurídica-electoral.