El parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó una nueva denuncia constitucional contra los ocho miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la presunta omisión de presentar el informe anual correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022 al Pleno del Congreso de la República.
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En el oficio, Montoya solicita que se apique la sanción respectiva a los magistrados Aldo Vásquez, Inés Tello, Henry Ávila, Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry y al presidente de la JNJ, Antonio De la Haza Barrantes. Además, se especifica que se solicita una inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública para aquellos que ocuparon la presidencia de la JNJ, y de 5 años para los que actuaron como integrantes del Pleno durante el período mencionado.
El congresista argumenta que el artículo 154, numeral 6, de la Constitución Política del Estado establece de manera explícita que es función de la JNJ presentar un informe anual al Pleno del Congreso. “Mandato de la más alta jerarquía normativa que han sido incumplidos en los periodos 2020, 2021 y 2022, como lo ha identificado el informe correspondiente de la Contraloría General de la República”, agrega.
En el oficio se citan las conclusiones del informe de recopilación de información N°002-2023-JNJ-OCI-RI “Formulación y Presentación de los Informes Anuales ante el Pleno del Congreso de la República por parte de la Junta Nacional de Justicia”.
En ese sentido, se indica que, la conclusión 5.1 del referido informe destaca que el informe anual de la JNJ del año 2021 no fue aprobado por el Pleno en la sesión plenaria extraordinaria del 7 de junio de 2023. En lugar de “Aprobar”, se optó por revisar y mejorar el informe, quedando pendiente su aprobación. Por ende, la remisión tardía del informe anual 2021 carece de validez al no haber sido aprobada según las normativas.
El parlamentario Montoya también indica que en la conclusión 5.2 del oficio de Contraloría se afirma que el Consejo Directivo de la Representación Nacional es responsable de definir las reglas para la presentación de informes de la JNJ ante el Pleno del Congreso.
“En este extremo, la JNJ pretende argumentar un vacío normativo o reglamentario, debiéndose entender que no todo puede estar reglado positivamente, pudiendo la entidad encargada del trámite constitucional, como es el caso, determinar su mecanismo de cumplimiento mediante el acuerdo del Pleno del Congreso”, se lee.
Además, afirma que el secretario general de la JNJ, Juan Carlos Cortés, “reconoce la omisión en la presentación de los informes a los que se encuentra obligada constitucionalmente la JNJ”.
También dice que según la conclusión 5.3, el Ministerio de Justicia señaló que la responsabilidad de presentar los informes anuales de la JNJ al Congreso recae en la propia JNJ como órgano autónomo.
Finalmente, expone los argumentos de la JNJ por el retraso en la presentación de informes al Congreso:: la emergencia sanitaria por COVID-19, la supuesta falta de personal y presupuesto, y la falta de normativa interna.
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