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La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, aseguró que los pasajeros nacionales no pagarán la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en los vuelos internos, tras una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Prieto Barrera.
De acuerdo con la legisladora, el titular del MTC le confirmó que el Estado ha decidido renunciar a su retribución del 47.5% incluida en esta tarifa, medida que busca evitar que dicho costo sea trasladado a los consumidores.
Según explicó, esta reducción en la participación estatal permitirá que el cobro percibido por el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no afecte al usuario final.
“Este es un paso importante en la defensa de los derechos de los usuarios y en la transparencia de los cobros aeroportuarios. La población no debe pagar tarifas que no corresponden a un servicio efectivo”, manifestó Ugarte.
Respecto a la TUUA internacional, la parlamentaria indicó que el ministro Prieto informó sobre el desarrollo de una renegociación con la empresa concesionaria Lima Airport Partners (LAP), con el objetivo de minimizar el impacto económico tanto en los pasajeros como en las finanzas del Estado.
“Estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para que, el 27 de octubre, no se presenten inconvenientes ni perjuicios para los viajeros”, señaló el titular del MTC, según relató Ugarte.
La presidenta de la comisión adelantó que esta semana se conocerán los resultados finales de las conversaciones vinculadas a la tarifa internacional, mientras el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) continúa realizando evaluaciones técnicas para determinar el monto definitivo y mantenerlo dentro de parámetros razonables.
“Nuestra prioridad es proteger el interés público y asegurar que el usuario no asuma costos injustificados”, subrayó la legisladora.
Ugarte precisó, además, que durante la reunión se recordó que el contrato de transferencia del TUUA fue suscrito en 2013, y se advirtió que un eventual incumplimiento del Estado podría derivar en un proceso arbitral internacional, lo que —según señaló— sería perjudicial para el país.
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