Luego que legisladores de Acción Popular, investigados por el caso ‘Los Niños’, presentaron un proyecto para restablecer la inmunidad parlamentaria, varios de sus colegas salieron a criticar esta medida.
“Me parece inoportuno. Cualquier proyecto se puede debatir y todos tienen derecho a presentar proyectos de ley, pero creo que no es el momento y es inoportuno”, criticó María del Carmen Alva, de Acción Popular.
“Creo que ahí faltó un poco de debate y análisis, pero siempre se puede debatir y analizar y lo que importan son los votos”, agregó.
Diego Bazán (Avanza País)
Por su parte, el legislador Diego Bazán, de Avanza País, rechazó esta iniciativa. “Creo que no deberíamos modificar el tema [...] Existe la libertad de presentarlo, pero para que prospere falta mucho. Creo que el congresista ya está protegido en este momento”, comentó.
“Creo que ha habido excesos por parte del Ministerio Público y hay que ser bastantes claros, en el caso de vulnerar las instalaciones del propio Congreso de la República y hay que tener bastante cuidado”, acotó.
Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario)
Esdras Medina, de Unidad y Diálogo Parlamentario, cuestionó este proyecto de ley. “Ya lo han hecho y esto va a ocasionar un debate exhaustivo y particularmente no estoy yo a favor que pase este proyecto”, dijo.
Proyecto presentado
El 2 de agosto, la bancada de Acción Popular, a iniciativa del congresista Wilson Soto Palacios y con el respaldo de ocho congresistas acciopopulistas (ahora solo siete con el retiro de la firma de Silvia Monteza) presentaron una ley de reforma constitucional para restablecer la inmunidad parlamentaria.
Según los legisladores, las funciones que ejercen implican la afectación o confrontación con algunos grupos interesados que “ven al parlamentario como una amenaza para el cumplimiento de sus intereses”.
“La inmunidad parlamentaria es una figura constitucional que confiere a los parlamentarios la prerrogativa del antejuicio político, con la finalidad de no ser procesados o apresados por la presunta comisión de actos delictivos, sin un previo proceso de Acusación Constitucional, que debe realizarse con las garantías mínimas de un debido proceso ante el Pleno del Congreso o la Comisión Permanente”, argumenta la iniciativa.
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