Andrea Pereyra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención, admitir a trámite una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) por presuntamente no acatar una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba reponer a Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación.

El informe, respaldado por la mayoría de la SAC, presidida por María Acuña (APP), señala que Espinoza y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos habrían incurrido en los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado, así como en la infracción de los artículos 43 y 45 de la Constitución.

Sin embargo, el documento descartó incluir el delito de usurpación de funciones por no considerar que los hechos denunciados correspondan a delitos de función.

Entre los votos a favor se encuentran los congresistas Nilza Chacón, Víctor Flores y Martha Moyano (Fuerza Popular); Patricia Chirinos, Milagros Jáuregui y Esdras Medina (Renovación Popular); María Acuña y Nelcy Heidinger (APP); Flavio Cruz (Perú Libre); Digna Calle (Podemos); y Jorge Montoya (Honor y Democracia).

Por el contrario, votaron en contra Jorge Coayla (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) y Francis Paredes (Podemos). Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) se abstuvo.

El caso se origina tras la decisión de la JNJ de reponer a Patricia Benavides en su cargo, medida que, según los denunciantes, no habría sido acatada por la actual Junta de Fiscales Supremos.

El documento será remitido a la Comisión Permanente, que establecerá un período de hasta 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constituciones presente su informe definitivo.

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El informe señala que habrían incurrido en los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado, así como en la infracción de los artículos 43 y 45 de la Constitución.