El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de la Haza, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para expresar su preocupación al proyecto de reforma constitucional que pretende sustituir a la junta por una Escuela Nacional de la Magistratura.
MIRA: Congreso debate este miércoles y jueves mociones de censura contra ministros de Energía y Cultura
Al ser convocado para participar en el debate sobre la reforma, de la Haza Barrantes recordó que, aunque su institución fue establecida en 2018, han transcurrido menos de cinco años desde que se implementaron cambios en el sector justicia con la aprobación de una política pública entre 2019 y 2021.
“Por eso nuestra pregunta sobre la posibilidad de este proyecto es si la necesidad de esta modificación constitucionales oportuna porque no han transcurrido ni cinco años de la existencia de la última modificación vinculada al sector Justicia que fue la del año 2018 con relación a la JNJ que la creó y esta política pública que va desde el año 2019 al 2021 donde tanto el Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la JNJ y con la Academia de la Magistratura vienen desarrollando e implementando”, argumentó.
La reforma constitucional evaluada por la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), propone suprimir la figura de la JNJ e instaurar una Escuela Nacional de la Magistratura. Esta entidad se encargaría de realizar procesos de formación, elección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales.
El titular de la JNJ cuestionó el uso de la escuela diplomática y las escuelas militares como modelos para esta propuesta, ya que a diferencia de estas instituciones, la reforma no plantea límites de edad ni alternativas sobre cómo se procederá a ocupar miles de plazas con jueces y fiscales provisionales.
Los argumentos sobre la supuesta incapacidad de la JNJ para manejar los procesos disciplinarios necesarios para el sistema de justicia fueron refutados al recordar que hasta la fecha han tramitado aproximadamente 585 expedientes en total, con más de 300 resoluciones sancionadoras.
“No hay razón para que se dude que no hay esa eficiencia. Somos muy respetuosos de los derechos de las personas y cuando imponemos una sanción, nos manejamos por los códigos de ética”, sostuvo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, también comentó sobre la reforma constitucional brindando observaciones técnicas de su sector.
“Este nuevo modelo que se pone a consideración del Congreso es un modelo que hay que estudiarlo, hay que evaluarlo. Consideramos que es importante, pero también debe someterse a debate de la ciudadanía y desde el Ministerio de Justicia hemos hecho un informe técnico”,, argumentó el titular del Minjus.
Arana sugirió hacer precisiones en el texto sobre la conformación de la escuela y la elevación a nivel constitucional de las autoridades de control del Ministerio Público y el Poder Judicial para regular su funcionamiento. Además, destacó la necesidad de clarificar los conceptos de faltas graves en la escuela y las autoridades de control para evitar incertidumbres en las sanciones contra magistrados.
TE PUEDE INTERESAR
