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El Pleno del Congreso aprobó esta noche el informe final de la comisión que investigó los presuntos actos de corrupción de Martín Belaunde Lossio y su relación con algunas entidades del Estado.
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Dicho informe, sustentado por la congresista Marisol Pérez Tello, fue aprobado por 76 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
El documento recomienda al Ministerio Público, investigar a la primera dama Nadine Heredia por lavado de activos.
Se mencionó que las diversas empresas vinculadas al ex empresario (Todo Graph, Centros Capilares, las ediciones regionales del diario La Primera) manejaban dinero que no era bancarizado y que algunas ni siquiera acreditan pago de impuestos.
Marisol Pérez Tello explicó que la investigación no pudo determinar el origen del dinero que “supuestamente” los Belaunde destinaron a favor de Nadine Heredia.
Agregó que los diferentes testigos, entre ellos el ex personero legal del nacionalismo Jorge Chang, señalaron que la empresa Todo Graph, creada por el ex asesor humalista, en realidad le pertenecía a Nadine Heredia y a su esposo, el presidente Ollanta Humala.
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“La venta de las acciones [de Todo Graph a Santiago Gastañadui, primo político de Heredia] no fue bancarizada, no se acreditó el pago que presuntamente fue cancelado en efectivo […] El señor Chang Soto ha dicho que solo prestó su nombre [para la formación de esa empresa], que nunca vio el pago [por las acciones] y no se registran ingresos a las cuentas de Belaunde Lossio en esa época”, señaló Pérez Tello.
El pleno decidió respaldar la recomendación al Ministerio Público de investigar al empresario Martín Belaunde Lossio; a la primera dama Nadine Heredia; a Arturo Belaunde Lossio; al gerente de Antalsis Perú, Juan Carlos Rivera Ydrogo; al director de Todo Graph, Ilan Heredia; al ex coordinador parlamentario de Produce Carlos Fuyikawa; al ex fundador de Todo Graph Jorge Chang Soto; y al ex representante de la empresa Mendoza Delgado Constructores SAC Francisco García Lozada por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la defraudación tributaria.
El grupo parlamentario también acusa a seis ex presidentes regionales por las presuntas irregularidades en la entrega de obras a empresas vinculadas al ex asesor nacionalista. Entre ellos figuran el ex presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos; de Madre de Dios, Jorge Aldazábal Soto y José Luis Aguirre; de Cusco, Jorge Acurio Tito y René Concha; y de Junín, Vladimir Cerrón.
Según las conclusiones, Martín Belaunde Lossio obtuvo ventajas económicas a favor de determinada empresa aprovechando su cercanía con algunos círculos de poder a nivel nacional, regional y local.
Parte del extenso debate que siguió a la exposición estuvo centrado en las discrepancias entre las bancadas oficialistas y de oposición respecto a la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia.
Según la bancada de Gana Perú, la comisión investigadora indebidamente incluyó a Nadine Heredia en las investigaciones, cuando el mandato que le dio el Pleno fue investigar a Belaunde Lossio.
El oficialista Josué Gutiérrez manifestó que existe un “cargamontón” contra Nadine Heredia y consideró que se está produciendo un abuso en su contra al cuestionar su honorabilidad, a pesar de que no existe ninguna prueba que la vincule con la comisión de delitos
No obstante, opositores como Mauricio Mulder (Concertación Parlamentaria) y Héctor Becerril (Fuerza Popular) opinaron en el debate que existió una red que cometió ilícitos en los cuales Heredia habría tenido responsabilidad.
Los dimes y diretes en torno a este tema obligaron al presidente del Congreso, Luis Iberico, a suspender brevemente la sesión.
Al reanudarla, el debate continuó con la intervención de legisladores de diversas bancadas.
Yohny Lescano, de Acción Popular – Frente Amplio, consideró que el informe podría ser objetado en el Ministerio Público por falta de profundidad en algunos aspectos, aunque reconoció que ha logrado comprobar la responsabilidad de Belaunde en los hechos imputados.
Asimismo, Santiago Gastañadui, de Gana Perú, dijo que el informe carece de sustento, por lo cual “terminará archivado en alguna fiscalía de Lima”.
Concluido el debate, tras cerca de seis horas de iniciado, se produjo la votación que aprobó el informe final.
Posteriormente, el Pleno del Congreso aprobó aumentar por 60 días el plazo otorgado a las comisión que investigan los presuntos casos de corrupción de la red liderada por Rodolfo Orellana; y de la que indaga la presunta infiltración del narcotráfico en los partidos políticos y movimientos regionales y locales.
