El Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que plantea modificar la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para promover su fortalecimiento institucional.
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Con 72 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones, el Parlamento aprobó el texto sustitutorio que da facultades al defensor del pueblo elegir a sus adjuntos en la Defensoría del Pueblo y al secretario de la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). También establece que el defensor del pueblo cesará por vencimiento del plazo de designación y siempre que haya sido elegido su sucesor. La segunda votación tomará lugar luego de siete días.
“El cargo de defensor adjunto es de libre designación y remoción por el defensor del pueblo, observando el perfil y la idoneidad que correspondan, de conformidad a las normas de la materia. Para asumir el cargo de defensor adjunto se requiere haber cumplido 35 años”, indica el proyecto.
Además, se establece que la Defensoría del Pueblo debe contar con oficinas en cada capital de departamento, cuyos jefes son designados por el defensor del pueblo bajo los mismos criterios y condiciones que para los adjuntos.
Las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos, Bloque Magisterial y Somos Perú respaldaron la iniciativa.
En cambio, los votos en contra provinieron principalmente de Alianza para el Progreso, Cambio Democrático – Juntos por el Perú y algunos no agrupados. En el caso de las bancadas de Avanza País y Perú Bicentenario votaron de manera dividida.
Los congresistas contra la nombra argumentan que la ley atenta contra la meritocracia en la Defensoría del Pueblo.
Durante el debate, Carlos Anderson (no agrupado) afirmó que quienes respaldan al actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, “están satisfechos con su gestión” y buscan “facilitarle las cosas en todos los aspectos” con normativas como esta.
“Es evidente que quienes eligieron al defensor del Pueblo están contentos con él y le quieren facilitar la vida en todo sentido. Evidentemente esperar que los enemigos de la meritocracia piensen de manera diferente, es esperar demasiado”, expresó.
En contraparte, Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, comentó que el proyecto busca agilizar el trabajo de la Defensoría, dado que en la práctica su titular no selecciona a sus adjuntos mediante concursos públicos.
“La realidad ha dicho que los defensores del Pueblo no han sometido a concursos a sus adjuntos. Los han puesto como encargados. La comisión ha considerado que esta es una forma de agilizar el trabajo que tiene que hacer la Defensoría”, dijo.
