Congreso aprueba internas complementarias

A pesar de que las elecciones internas en los partidos políticos se realizaron, sin contratiempos, el 15 y el 22 de mayo último, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el Congreso aprobó una Ley que autoriza a hacer elecciones complementarias el 4 de junio próximo.

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Fuentes de este diario comentaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no recibió con beneplácito esta norma que puede alterar el cronograma establecido.

Cabe precisar que el 7 de junio es la fecha límite para la publicación de los resultados finales de las elecciones internas, conforme al calendario oficial. Y el 14 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales. A la vez, ese día cierra el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

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La norma, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, autoriza al JNE a disponer la apertura del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes −SIJE − por el término de 2 días calendario para la presentación o modificación de listas de candidatos a elecciones internas.

El texto de la Ley indica que

las elecciones internas se llevarán a cabo en la fecha programada (15 y 22 de mayo). “De no ser posible”, precisa la ley, “se desarrollan elecciones internas complementarias hasta 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidatos ante los jurados electorales especiales”.

INNECESARIAS

La norma precisa que se harán las complementarias “de no ser posible” realizarlas en la fecha programada.

El catedrático de Ciencia Política de la PUCP, Iván Lanegra, también secretario general de la asociación civil Transparencia, comentó este detalle.

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“Esta ley -dijo- además de vulnerar principios, trae errores: el Art. 1 “autoriza” al JNE. No “manda”. El Art. 2 dice que elecciones internas se realizan en fecha programada (15 y 22 de mayo) y que “de no ser posible su

realización” se hacen internas complementarias. Pero sí se hicieron”.

A su juicio, esta ley sería “un atentado contra los principios electorales, constitucionales y el Estado de Derecho”.