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Los oficiales generales o almirantes que sean nombrados como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o comandante general de las instituciones castrenses ejercerán sus funciones por dos años y prorrogado por un año adicional en el caso del primero, a decisión del presidente de la República.
Esa fue la fórmula legal aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso, la misma que propone también que las causales del cese del Jefe del Comando Conjunto y de los comandantes generales sean objetivas, para evitar “interpretaciones subjetivas” que trunquen la carrera de oficiales que llegaron a ese cargo por propios méritos.
El encargado de la sustentación del dictamen fue el presidente de la Comisión de Defensa, José Williams (Avanza País), quien refirió que la propuesta comprende los proyectos de los congresistas Roberto Chiabra León (Alianza para el Progreso), José Cueto Aservi (Renovación Popular) y otro de su autoría.
La propuesta obtuvo 81 votos a favor y 27 en contra. A pedido del titular de la comisión se realizó una nueva consulta para exonerarla de una segunda votación, la que registró 82 votos a favor, 27 en contra y dos abstenciones.
Williams Zapata explicó que la iniciativa modifica el artículo 10 de la Ley 28359, Ley de situación militar de oficiales de Fuerzas Armadas.
Indicó que, de promulgarse, la norma evitará que se desestabilice al Ejército Peruano, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, “situación que se ha podido ver en los últimos años y los gobiernos que han pasado”.
En consecuencia, citó las causales de cese: muerte, por solicitud de pase a retiro, por incapacidad física permanente, debidamente declarado por una junta médica; por incurrir en falta muy grave; en la comisión de un delito doloso, declarado por sentencia firme del Poder Judicial; y cometer delito flagrante.
Durante el debate, parlamentarios de distintas bancadas expresaron sus puntos de vista. Cueto Aservi hizo hincapié en que no se recorta el poder de decisión del primer mandatario al ampliar el plazo del nombramiento, porque un año, como dice la ley vigente, no es suficiente para cumplir con los planes trazados para el sector.
La congresista María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso) fue la primera en manifestarse se acuerdo con la propuesta. También lo hizo el parlamentario Pedro Martínez Talavera (Acción Popular) “para que nunca más los políticos subyuguen al Ejército ni a la Policía como lo hicieron en los años 90″.
Por su lado, el legislador Alex Paredes Gonzales (Perú Libre) dijo que el dictamen tiene que ver con los derechos de las personas que adoptan la carrera militar y que hay vacíos legales que no permiten respetar esos derechos.
