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La frase: “Otorongo no come otorongo” vuelve a cobrar vigencia, y como en muy pocas ocasiones. El Pleno del Congreso no logró obtener los votos requeridos para acusar y suspender de la función parlamentaria a cuatro legisladores involucrados en el caso “Los Niños”: Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara, todos de Acción Popular (AP).
El blindaje quedó materializado gracias al apoyo de las bancadas de izquierda. En Perú Libre hubo una aparente retribución hacia los acciopopulistas por el respaldo que recibió Josué Gutiérrez, su candidato para defensor del Pueblo, de los legisladores de ese partido.
Raúl Doroteo fue el primer salvado: Su acusación obtuvo 44 votos en contra, 37 a favor y cuatro abstenciones.
El segundo blindado fue Darwin Espinoza. En su caso hubo 43 votos en rojo, 37 en verde y cinco abstenciones.
El segundo fue Darwin Espinoza. El informe en su contra recibió 43 votos en contra, 37 a favor y cinco abstenciones.
Muy similar fue el caso de Jorge Flores: 43 votaron en contra, 38 a favor y seis se abstuvieron.
Finalmente, se decidió enviar al archivo la acusación contra Elvis Vergara con 42 votos en contra, 39 a favor y en abstención cinco.
De esta manera hubo una mayoritaria oposición a las conclusiones del informe final que les atribuía los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por, como postula la Fiscalía de la Nación, apoyar al vacado expresidente Pedro Castillo a cambio de obras y contratos en el Estado.
El principal argumento para rechazar el informe en cuestión era la carencia de pruebas para formular la acusación respectiva. El Congreso debía autorizar al MInisterio Público pasar de preliminar a preparatoria las investigaciones a los legisladores, pero esto no ocurrió.
Todo apunta a que, ahora, el Parlamento empezará todo el proceso desde cero, dado a que hay en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En rigor, el rechazo de la denuncia tuvo lugar luego de que el Pleno se opusiera a una cuestión previa formulada por la legisladora Lady Camones, cuyo objetivo era que la denuncia regrese a la Comisión Permanente.
En esa instancia se buscaba integrar un informe reservado que la Fiscalía alcanzó al Parlamento sobre los cuatro legisladores.
Un dato no menor es que antes de la votación se presentaron varias cuestiones previas y una de orden.
Una de estos recursos logró permitir que la legisladora María del Carmen Alva y Karol Paredes, de AP, puedan votar, quienes estaban impedidas de hacerlo debido a que pertenecieron a la Comisión Permanente, grupo de trabajo que ya había aprobado el informe en, digamos, una primera instancia, por lo que sus miembros no podían votar en el pleno de ayer.
Defensa. En la sesión, la temperatura de los cuatro legisladores se elevó cuando se defendieron de las graves imputaciones planteadas en el informe final elaborado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Primero fue el legislador Raúl Doroteo. Aseguró que era inocente de todos los cargos.
Su abogado Daniel Lértora -en la misma línea- sostuvo que solo se usó reportajes periodísticos para sustentar las bases de la denuncia, además de algunos registros de visitas al Poder Ejecutivo y un registro de votaciones.
A su turno, Luis Castro, el abogado de Darwin Espinoza, cuestionó a los medios de prueba que recogió la Subcomisión para elaborar el informe final.
Señaló que las declaraciones de algunos testigos del caso -como el empresario Zamir Villaverde y Auner Vásquez, exjefe de Gabinete de la Presidencia- coinciden en la “negativa de que no conocen a Darwin, que no le pidieron un beneficio”.
La misma versión dio la defensa de Jorge Flores. Su abogada Berenice Flores refirió que su defendido votó a conciencia sobre los funcionarios de Pedro Castillo. Resaltó que su patrocinado estuvo a favor de censurar al exministro Carlos Gallardo.
También dejó claro que la imputación que hace el Congreso y la Fiscalía no es objetiva, sino subjetiva, porque criminalizan el voto de cada parlamentario.
El abogado Alexander Robles, defensa de Elvis Vergara, cuestionó la práctica parlamentaria porque no se hace ningún esfuerzo de razonamiento para “analizar la motivación de la acusación constitucional”.
Debate. El debate comenzó con la intervención del congresista José Balcázar (Perú Bicentenario), quien opinó que en lo expuesto por la delegada del informe no se analiza el argumento principal, que fue el tráfico de influencias.
En contraste, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) mostró su postura a favor del informe y pidió a sus colegas que no defiendan lo indefendible. “¿Hubo algún congresista que se aprovechó de su cargo y no hizo gestión sino que fue a pagar y comprar favores? Sí”, dijo.
Ambas posturas tuvieron eco en entre los legisladores presentes en el pleno, pero la que a la postre caló más fue la que terminaba por blindar a los cuatro “niños”.
