El año 2023 deja una amplia lista de cuestionadas figuras políticas. Algunas de ellas, incluso inmersas en procesos judiciales, pertenecen a la institución más desprestigiada de todas: el Congreso de la República.
Correo identificó a un grupo de 14 legisladores, procedentes de diversas bancadas, que fueron blindados en los procesos que enfrentaban por serias acusaciones.
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Los protagonistas
Dos bancadas reúnen al mayor número de estos legisladores. Se trata de Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP).
Los acciopopulistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza son los primeros de la lista. Estos parlamentarios se salvaron de una acusación constitucional y una suspensión, por el caso denominado “Los Niños”, en mayo. En marzo, el Legislativo también había librado a Flores y Vergara -por el mismo caso- de una suspensión de 120 días.
La quinta legisladora cuestionada de la lampa es Hilda Portero. Ella es señalada por un presunto recorte de salarios a sus trabajadores (“mochasueldo”) para financiar un donativo. Fue denunciada en la Comisión de Ética, sin embargo, su caso se archivó en diciembre.
En APP, mientras tanto, son cuatros los congresistas cuestionados: Magaly Ruíz y Rosio Torres, sindicadas como presuntas “mochasueldos”, no fueron suspendidas por 120 días sino que la Comisión de Ética recomendó apenas 30 días. En ambos casos, la sanción incluyó un descuento de sueldo y una amonestación escrita. El caso de María Acuña, cuestionada por la misma falta, fue archivado en diciembre.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, fue el legislador con mayores archivamientos a su favor.
El apepista enfrentaba un caso por presunto nepotismo, un aparente recorte de sueldos para financiar a “trolls” en redes sociales -que defendieran su labor parlamentaria y fustigaran a sus pares en Cusco- y por influir en una ley que reduce el plazo de la prescripción de procesos penales, la que lo benefició en un proceso judicial. Todos estos casos se archivaron en Ética.
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Otorongos
Otros cuatro casos resaltan en Podemos Perú y Unidad y Diálogo. En el primer grupo, Heidy Juárez, presunta “mochasueldo”, se libró en Ética de una suspensión por 120 días.
Al igual que sus pares en APP, recibió solo una multa de 30 días, con un descuento de sueldo, y una amonestación pública.
A su vez, Digna Calle, su colega de bancada, tuvo una amonestación escrita en Ética (diciembre) tras ausentarse presencialmente del Congreso por 415 días. Durante ese tiempo, en el extranjero, pidió 26 licencias sin goce de haber.
Por otro lado, Luis Cordero Jon Tay, hoy de Unidad y Diálogo, libró una suspensión de 60 días en octubre por una presunta agresión -testimonios de por medio- a su expareja.
A su turno, la no agrupada Katy Ugarte, quien ingresó al Parlamento con Perú Libre, se salvó de una suspensión de 30 días y un descuento de haberes por el mismo plazo. En su lugar, recibió solo una amonestación escrita en el pleno.
La exministra de la Mujer del golpista Pedro Castillo era acusada de despedir a una trabajadora suya con seis meses de embarazo. Por supuesto, negó los cargos y aludió a un “incumplimiento de funciones”.
Por partida doble
Los blindajes también alcanzaron a la Mesa Directiva del Congreso. La aún tercera vicepresidenta del Parlamento, la legisladora Rosselli Amuruz (Avanza País), protagonizó más de un escándalo.
En octubre, el pleno rechazó una moción de censura en su contra tras su participación en una fiesta que culminó con un asesinato.
En el evento, que aparentemente organizó, fue agasajada su presunta pareja: el excongresista Paul García. Precisamente, allegados al exlegislador fueron identificados como trabajadores en comisiones congresales con injerencia de Amuruz. Este caso fue llevado a Ética, pero también se archivó en noviembre.
