La sesión de la Comisión Permanente será reprogramada en una nueva fecha. (Foto: Congreso)
La sesión de la Comisión Permanente será reprogramada en una nueva fecha. (Foto: Congreso)

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República programada para mañana viernes 19 de febrero ha sido diferida para una próxima fecha por disposición de la presidenta de ese poder del Estado, Mirtha Vásquez (Frente Amplio).

MIRA AQUÍ: Ministro de Salud: Curva de contagios por Covid-19 sigue en incremento en Perú (VIDEO)

A través de un comunicado enviado por el oficial mayor del Parlamento Nacional, Yon Javier Pérez Paredes, se precisa que la nueva fecha de la sesión se dará a conocer “oportunamente”.

Cabe indicar que la Comisión Permanente tenía previsto ver ese día el informe final de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el parlamentario Édgar Alarcón (Unión por el Perú).

En el documento se recomienda acusar por antejuicio político a Alarcón Tejada por ser presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal.

MIRA AQUÍ: Segunda ola de Covid-19: ¿En qué etapa de la enfermedad del coronavirus se contagia más?

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda acusar a Edgar Alarcón por presunto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñaba como contralor general de la República.

El legislador es investigado por la fiscalía por presentar un supuesto desbalance de más de S/ 200.000 en egresos. El mes pasado aseguró en Twitter que en la investigación fiscal en su contra omitieron contabilizar información sobre sus ingresos.

La Comisión Permanente también iba a ver la denuncia constitucional contra el exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Segundo Baltazar Morales Parraguez, por infracción al artículo 150 de la Constitución Política.

En el informe final se recomienda acusar a Morales Parraguez y sancionarlo con destitución e inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública.