Tres de los cuatro integrantes de la actual Mesa Directiva del Congreso de la República cargan una pesada mochila de señalamientos e investigaciones. Estos son: Alejandro Soto (presidente), Waldemar Cerrón (primera vicepresidencia) y Rosselli Amuruz (tercera vicepresidencia).
Sin embargo, no son los únicos padres de la patria que tienen importantes cargos a pesar de los graves cuestionamientos en su contra.
De acuerdo con información revisada por Correo, al menos 28 congresistas cuestionados integran las mesas directivas de diferentes grupos de trabajo (ver infografía).
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La congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, se salvó de una censura, hecho que le permite permanecer en un alto cargo.
A la legisladora no solo se le ha cuestionado por participar en una fiesta en Lince que terminó con una muerte, sino también por viajar constantemente al exterior durante sus semanas de representación y por la contratación de allegados de quien sería su pareja.
A pesar de lo antes mencionado, Amuruz es vicepresidenta de la comisión especial para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), vicepresidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; así como presidenta de una comisión a cargo de realizar investigaciones, estudios legales y gestionar los proyectos para solucionar que los sectores populares de emprendedores peruanos puedan generar capital.
Quien también dispone de diferentes altos cargos en comisiones es Hilda Portero de Acción Popular.
La legisladora fue denunciada por pedirle a los trabajadores de su despacho que compren sillas de ruedas para entregarlas en una campaña denominada “La ruta de la solidaridad”.
Tras revelarse que sus trabajadores habrían utilizado el dinero de sus sueldos para costear las sillas, la Comisión de Ética decidió iniciar un proceso y pasó a formar parte del grupo de congresistas llamados “mochasueldos”.
Sin embargo, la acusación no le impidió ser nombrada secretaria de la Comisión de Mujer y Familia, así como presidenta de la Comisión Hambre Cero.
Además, también ocupa el cargo de secretaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria.
La siguiente en la lista es Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso (APP).
La legisladora fue acusada de apropiarse del sueldo de su trabajadora Carlos Marina, quien afirmó que hacía aportes mensuales de 1500 soles para una “caja chica”.
A pesar del testimonio, su bancada y el Parlamento la salvaron, pues solo le impusieron una multa.
Actualmente es secretaria de la Comisión Agraria y de la Comisión Especial Multipartidaria Pro-Inversión; además de ser presidenta de la Comisión encargada del seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático.
Heidy Juárez (Podemos), denunciada por recorte de sueldos, es vicepresidenta de la Comisión de Mujer y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Otros denunciados por “mochasueldos” como María Acuña (APP) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), ocupan los cargos de la vicepresidencia de la Comisón de Presupuesto y la secretaría de la Comisión de Salud, respectivamente.
LOS NIÑOS
Por otro lado, hay un grupo de personajes vinculados al expresidente Pedro Castillo que tienen cargos en mesas directivas de grupos de trabajo del Congreso.
Por ejemplo, el legislador Roberto Sánchez (Cambio Democrático) fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante la gestión de Castillo.
Actualmente está investigado por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
Sin embargo, esto no ha impedido que sea nombrado secretario de la Comisión de Producción, vicepresidente de la Comisión Especial Multipartidaria Pro-Inversión y presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay.
El expremier y congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) es investigado por la presunta obstrucción a un proceso que se le sigue por el delito de terrorismo. Sin embargo, es secretario de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.
Es decir, forma parte de un grupo que fiscaliza, supervisa y monitorea la formulación de los programas, planes, políticas y acciones del Poder Ejecutivo, destinada a la reducción y eliminación de la inseguridad ciudadana.
En la lista sigue Óscar Zea, exministro de Agricultura en la gestión de Castillo a pesar de haber tenido dos acusaciones de homicidio.
El congresista del Bloque Magisterial es uno de los investigados por el denominado caso “Los Niños”, sin embargo, esto no le impide ser el vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.
Al grupo se suman otros congresistas investigados por el caso “Los Niños” que también forman parte de mesas directivas en comisiones tales como Carlos Zeballos de Podemos, además de los acciopopulistas Raúl Doroteo, Luis Aragón, Elvis Vergara, Jorge Flores y Wilson Soto.
Este último, incluso es presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
Si bien el Reglamento del Congreso establece en su artículo 20 que los congresistas están prohibidos de integrar la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se encuentren comprendidos en procesos penales, lamentablemente, no se hace ninguna referencia al resto de comisiones ordinarias.
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