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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continuó este lunes 25 con la audiencia de la denuncia contra el expresidente Manuel Merino; el expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz y el extitular del Interior Gastón Rodríguez, como presuntos autores por omisión impropia del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Las autoridades policiales, que tuvieron a cargo la ejecución de los planes operativos desplegados entre el 9 y 15 de noviembre de 2020, cuando se suscitaron movilizaciones sociales tras la vacancia de Martín Vizcarra, afirmaron -en su condición de testigos de la Denuncia Constitucional 132 presentada por la Fiscalía de la Nación- que la principal preocupación de Rodríguez Limo fue velar por la integridad física de los manifestantes a fin de evitar el costo social.
Así también salvaguardar las instituciones públicas que se encontraban en riesgo de ser vulneradas como el Ministerio Público, el Congreso de la República y Palacio de Gobierno; además de proteger a propiedad privada.
En su intervención, el coronel Carlos Vicente Villafuerte Salas, exjefe de la División de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), informó que se reunió con el entonces ministro del Interior, y con el general PNP Jorge Luis Cayas Medina a partir del 12 de noviembre en la sede ministerial.
“La directiva era desplegar las operaciones con el menor costo social posible. La Policía Nacional no tiene en el margesí de bienes ni en sus armerías canicas de vidrio ni cartuchos de plomo”, afirmó Villafuerte al asegurar que “somos personas preparadas y en esos momentos también teníamos que salvaguardar la integridad de nuestro personal”.
Agregó que el 9 de noviembre, una hora después de que ocurre la vacancia de Vizcarra, ya se anunciaba que había manifestantes, pero como no había muchas alteraciones en las calles se hizo un cordón policial una cuadra antes del Congreso de la República para que la movilización no llegue a su sede.
Por su parte, el teniente general Jorge Alejandro Lam Almonte, excomandante general de la PNP, informó que junto a Cayas fueron convocados a Palacio de Gobierno el 15 de noviembre para que informen sobre el plan operativo desplegado en la víspera.
“La Policía nunca uso canicas de vidrio ni perdigones de plomo. La subcomandancia dispuso que inspectoría investigue las circunstancias en que las personas habían salido heridas, toda vez que, la Policía no utiliza eso elementos. Los manifestantes usaban armas hechizas para atacar a los policías”, dijo Lam.
Aseguró que como tomó conocimiento de las muertes ocurridas el 14 noviembre en su oficina de la subcomandancia del Ministerio del Interior, y se dispuso -a través de Cayas- que se enviara personal a verificar la veracidad de esa información y después se comunicó a la Dirincri para que empiece las investigaciones; sin embargo, advirtió que la Fiscalía dispuso que no intervenga la Policía para nada.
“La información se supo a nivel nacional por los medios. Nos llamaron para confirmar la muerte de los dos jóvenes y se informó al señor ministro que es la persona a la que yo tenía que informar”, dijo.
A su turno, el general PNP Jorge Luis Cayas Medina, ex jefe de la Región Policial Lima de la PNP, sostuvo que participó en la reunión en Palacio de Gobierno que se realizó el 15 de noviembre para presentar el plan de operaciones.
Afirmó que la posición del ministro del Interior era que siempre se respeten los derechos humanos y que no haya costo social en las movilizaciones.
“Hemos sido totalmente agredidos. Ese día no hemos puesto cerco. Hemos usado armas no letales que nos da el Estado como gases lacrimógenos y perdigones de goma -de acuerdo a normas internacionales- para hacer frente a estas manifestaciones violentas que fueron a atacar a los policías”, dijo Lam, quien agregó que el uso de canicas está en investigación y observó que -hasta ahora- no se ha identifica a ningún violentista.
En la sesión también participaron miembros de la DINI, entre ellos, el coronel en retiro FAP Christian Schambaher Céspedes, ex director de contra inteligencia de la DINI; el coronel FAP en retiro Wilder Leiva Eizaguirre, ex director Nacional de Inteligencia; y el coronel FAP en retiro Carlos Hernán Illañez Calderón, ex director Nacional de Inteligencia.
Así también participó como testigo el exministro del Interior César Gentille Vargas y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas general EP César Astudillo Salcedo.
Caso en sesión reservada
Antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, continuó -de manera reservada- la audiencia respecto de la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y -alternativamente- negociación incompatible y obstrucción a la justicia.
Así también contra las exministras de Cultura Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para tercero agravado.
