El congresista Jorge Flores Ancachi, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), presentó una iniciativa legislativa que busca desaparecer la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y transferir nuevamente sus competencias a los gobiernos locales. La propuesta cuestiona frontalmente el modelo centralizado implementado hace cinco años y plantea un retorno al esquema de gestión municipal.
El Proyecto de Ley N° 13972-2025-CR contempla la derogación de la Ley N° 30900, norma que en 2019 creó la ATU con el objetivo de unificar la gestión del transporte metropolitano. Con esta modificación, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao recuperarían la competencia exclusiva sobre la planificación, regulación, gestión, fiscalización y prestación del transporte urbano en sus jurisdicciones.
Críticas al modelo centralizado
La exposición de motivos sostiene que el modelo centralizado actual ha fracasado en resolver los problemas estructurales del transporte. Según el documento, tras más de cinco años de funcionamiento, la ATU no habría logrado superar el desorden vehicular, la congestión ni la informalidad que caracterizan al sistema.
El proyecto también cuestiona el carácter tecnocrático y burocrático de la entidad, argumentando que su estructura alejada de la realidad territorial limitó la efectividad de sus intervenciones. Además, señala que la creación de la ATU habría vulnerado la autonomía municipal garantizada constitucionalmente y generado una deficiente articulación con los gobiernos locales.
Nuevas funciones municipales
Bajo el esquema propuesto, las municipalidades asumirían una serie de competencias estratégicas para el ordenamiento del transporte. Entre ellas se encuentran la aprobación de planes integrales de transporte urbano, el otorgamiento, renovación o revocación de concesiones y autorizaciones de servicio.
También quedarían a cargo de la administración de rutas, paraderos y terminales terrestres, así como la supervisión de sistemas de recaudo y control de flota. Adicionalmente, tendrían la potestad de imponer sanciones administrativas a operadores que incumplan las normativas vigentes.
Proceso de liquidación y transición
La iniciativa establece la creación de una comisión técnica responsable de ejecutar el proceso de liquidación de la ATU. Este órgano estaría integrado por representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades involucradas y la Contraloría General de la República, con un plazo máximo de 90 días hábiles para concluir sus funciones.
El Ministerio de Economía y Finanzas autorizaría la transferencia de recursos presupuestales y activos hacia las municipalidades receptoras. En cuanto al personal técnico de la ATU, el proyecto prevé su reasignación a otras entidades respetando íntegramente sus derechos laborales adquiridos.
Para evitar la interrupción de los servicios durante el periodo de transición, el proyecto incluye disposiciones específicas que garantizan la continuidad operativa del transporte urbano. Estas medidas buscan prevenir un vacío administrativo que pudiera afectar a millones de usuarios que dependen diariamente del sistema de transporte público.
La propuesta deberá seguir el trámite legislativo ordinario en el Congreso, donde será debatida en comisiones antes de llegar al pleno. De aprobarse, marcaría un cambio radical en la política de transporte metropolitano implementada en los últimos años.
