El dictamen recaído en el proyecto de ley N° 142/2021-CR, entre otros proyectos acumulados que propone modificar el artículo 1 de la ley 26771, ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco y el artículo 83 de la ley 30057, Ley del servicio civil, fue aprobado por mayoría para que retorne a sus comisiones respectivas para un mejor estudio.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Milagros Rivas Chacara (PL), sustentó la iniciativa de ley en mención señalando que esta tiene como objeto prohibir la contratación con el Estado a toda persona jurídica cuyos socios directos o indirectos, directores, miembros del directorio, gerentes y representantes legales tengan proceso judicial en trámite o sentencia firme y definitiva por delitos de corrupción.
La iniciativa propuesta, también alcanza a las empresas cuyos socios directos o indirectos, directores, gerentes o representantes legales tengan acusación fiscal, se han acogido a la colaboración eficaz o a la confesión sincera en un proceso judicial donde está siendo investigado o que tengan la condición de sentenciados por delitos de corrupción, están prohibidas a perpetuidad de contratar con el Estado.
Al término de la sustentación de la propuesta de ley, el parlamentario Héctor Valer Pinto (SP), solicitó la des acumulación de su proyecto toda vez que planteó que los familiares deberían trabajar en cualquier oficina del Estado, más no en la institución donde labora el funcionario.
Jorge Marticorena Mendoza (PB), saludó la propuesta de ley señalando la necesidad de establecer mecanismos que permitan regular el trabajo de los familiares de funcionarios públicos, y de las empresas que contratan con el Estado.
La congresista Katy Ugarte Mamani (U y DP), también autora de una de las iniciativas de ley señaló la importancia de la propuesta de ley señalando que es necesario combatir los actos de corrupción que se dan a través de diversas empresas con diversas modalidades de contratos en detrimento de la economía de nuestro país.
Magali Ruiz Rodríguez (APP), también coincidió con Ugarte y señaló que los procesos de contratación no pueden beneficiar a familiares de los funcionarios que dañan la economía del país.
Alejandro Muñante Barrios (RP), dio a conocer su apoyo a la presente propuesta de ley y señaló que también se pueda incluir a las ONGs, quienes también participarían en convenios y contratos con el Estado. Su colega Adriana Tudela Gutiérrez (RP), también dio a conocer sus aportes y puntos de vista al respecto.
