La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe de calificación que propone admitir a trámite la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, que habría llevado a cabo en calidad de líder de una organización criminal.
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La decisión se adoptó en la tarde de este martes durante la décima sesión extraordinaria del grupo de trabajo presidido por Lady Camones Soriano (APP) y se materializó con 11 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.
La Denuncia Constitucional 403 fue presentada por la inhabilitada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, en relación con el Caso Ascensos. Mientras que a Castillo Terrones se le imputan presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, Ayala enfrenta acusaciones por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, conforme a los artículos 376, 385, 393, 317 y 400 del Código Penal, respectivamente.
A los denunciados se les señala una intervención ilícita en el proceso de ascensos en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional del Perú durante el año 2022, en el contexto de una presunta organización criminal liderada por el ex jefe de Estado.
Los legisladores que se abstuvieron fueron Álex Paredes y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Isaac Mita y Segundo Montalvo (Perú Libre), Edgar Reymundo (Cambio Democrático – Juntos por el Perú), Jorge Coayla y José Balcázar (ambos de Perú Bicentenario), y Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario).
Cabe recordar que el 11 de agosto del año pasado, la entonces titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional contra Castillo y Ayala por el caso conocido como “Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”. Según la tesis fiscal, el excomandante general de la Policía, Javier Gallardo, habría liderado un presunto esquema de cobros irregulares para facilitar los ascensos de oficiales en la institución. Se argumenta que, en total, nueve generales en actividad habrían pagado hasta US$40.000 para lograr ascender.
Previamente, en noviembre de 2021, el excomandante general del Ejército peruano (EP), José Vizcarra, denunció presiones desde el Gobierno para el ascenso de los oficiales Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza. Del mismo modo, el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, reveló injerencias desde Palacio para la promoción de los oficiales Edgar Briceño Camero, Carlos Castillo y Herber Vilca.
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