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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República se instalará este lunes 19 de setiembre, a las 5:00 p.m., para el periodo 2022-2023, bajo la presidencia de Lady Camones (Alianza para el Progreso).
Ese día se darán cuenta de las denuncias presentadas contra el suspendido legislador Freddy Díaz (No Agrupados), acusado de haber violado a una trabajadora de ese poder del Estado y para quien se pide 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Al respecto, la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) envió un documento a Camones Soriano exigiéndole actuar con celeridad en las denuncias contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.
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La parlamentaria fujimorista recordó que las denuncias contra Boluarte Zegarra se encuentran en dicho grupo de trabajo desde mayo pasado, por lo que le pidió tomar las “acciones necesarias” para atender su pedido.
En aquella fecha la Comisión Permanente declaró procedente la denuncia constitucional contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social por supuestamente realizar gestiones como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria.
“Es importante recalcar que nuestro país se encuentra enfrentando una grave crisis de gobernabilidad, propiciada por las acciones de altos funcionarios del Estado; por ello, resulta necesario que adoptemos acciones inmediatas y eficaces que ayuden a restituir la gobernabilidad al país y además, recuperar la confianza de la ciudadanía”, expresó.
Cabe indicar que la Mesa Directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la completan Waldemar Cerrón (Perú Libre) como vicepresidente y Noelia Herrera (Renovación Popular), como secretaria.
Lady Camones asume esta responsabilidad días después de haber sido censurada como titular del Congreso, luego de que se revelaran audios en los que coordinaba la aprobación de un proyecto ley con el líder de su partido, César Acuña.
La subcomisión es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas, así como realizar la investigación en los procesos de acusación constitucional, emitiendo el informe final correspondiente.
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