Congreso y Poder Judicial enfrentados por elección de magistrados del Tribunal Constitucional

Texto de Gabriel Mazzei y Karina Valencia

Choque de poderes. El Poder Judicial (PJ) ordenó al Congreso de la República suspender de forma provisional la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitución (TC), proceso que se desarrollará hoy y mañana en sesiones plenarias.

La medida fue dictada por la jueza Soledad Blácido Báez, quien horas antes había admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala contra la titular del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la Comisión Especial TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Legislativo.

Tras conocerse el fallo, legisladores de diversas bancadas calificaron la decisión del PJ como una “intromisión” en la labor del Parlamento y pidieron desconocerla a fin de llevar adelante la sesión programada.

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Por la noche, la Junta de Portavoces evaluó el tema tras una convocatoria formulada por Vásquez, quien más temprano adelantó que el procurador de este poder del Estado había iniciado las acciones legales para apelar la decisión judicial.

Al cierre de esta edición, los voceros acordaron -por mayoría- continuar con el proceso para la elección de los miembros del TC pese a la decisión judicial. Trascendió que las bancadas del Frente Amplio y el Partido Morado se opusieron.

Expertos constitucionalistas consultados por este diario indicaron que el Congreso estaría en la facultad de continuar con la sesión programada.

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DETALLES

La resolución de la jueza Soledad Blácido acogió una demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala, expresidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima, quien consideró que el actual Parlamento “no tiene legitimidad para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional”.

En el documento, Blácido tomó como válido el argumento planteado por Ayala en torno a la falta de publicidad y transparencia del proceso de elección, a cargo del Legislativo. “Logran acreditar la verosimilitud del derecho invocado (derecho a la exigencia del cumplimiento de normas legales)”, reza su demanda.

Para sustentar su decisión, la magistrada refiere que, tras una revisión de la página web del Congreso, ninguno de los documentos consignados sobre el citado proceso de selección detallan acerca de la asignación de puntajes a los candidatos al TC, de acuerdo con la ley.

Asimismo, la jueza estimó que el demandante Walter Ayala logró acreditar la existencia de un peligro en la demora para resolver el amparo, al tener en cuenta la convocatoria del Legislativo -del pasado 30 junio- para el proceso de selección de los magistrados del TC previsto para  hoy y mañana.

En tal sentido, la magistrada consideró que una demora en el pronunciamiento de fondo de la demanda de amparo generaría “incertidumbre” en caso ocurra la elección de los próximos miembros del TC y luego pueda declarar fundada dicha demanda.

La jueza Soledad Blácido agrega que, en caso de incumplimiento de la resolución, se aplicarán los apremios contenidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, sobre la ejecución de sentencias de manera inmediata.

Sobre la demanda de amparo, la magistrada dispuso que el Congreso, el presidente de la comisión de selección de magistrados del TC y el procurador del Legislativo respondan en un plazo de cinco días, por escrito.

En su resolución, además, la jueza no desconoce la atribución constitucional del Parlamento para elegir a magistrados del TC, sino que incide en que el actual proceso no cuenta con las garantías de ley.

REACCIONES

Tras hacerse público el fallo judicial, congresistas de diversas bancadas señalaron que la medida resuelta consistía en “un golpe a la institucionalidad” del Legislativo. Además, solicitaron un pronunciamiento de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Fernando Meléndez, parlamentario de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), sostuvo que la resolución de la jueza Blácido Báez “no solamente vulnera nuestra competencias como Poder Legislativo, sino es una amenaza a la institucionalidad”.

A su turno, César Combina, también de APP, manifestó que “no podemos tolerar que el Poder Judicial se convierta en la mesa de partes de una mafia”, y que lo dispuesto por la Corte “es, sin duda, casi un golpe a nuestro poder del Estado”.

Por su parte, el legislador acciopopulista Ricardo Burga calificó la medida como “un golpe de Estado contra la verdadera institucionalidad”. “Se está entrometiendo en una decisión soberana del Congreso”, agregó.

Añadió que la bancada de Acción Popular rechazaba lo resuelto por la jueza, quien “además hace abuso de poder y debe ser sancionada”.

Asimismo, el legislador Carlos Mesía (Fuerza Popular) consideró que la admisibilidad de amparo y de la medida cautelar “es absolutamente prevaricadora”, desde el punto de vista constitucional.

El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, señaló en tanto -en Canal N- que la decisión es prevaricadora, que las bancadas acordaron seguir con el proceso pese a la resolución y que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo.

Durante su intervención en el Congreso, Valdez señaló que la titular del PJ, Elvia Barrios, habría tenido una “participación directa” en la emisión de fallo contra el Congreso.

En respuesta, vía Twitter, Barrios descartó haber tenido injerencia en la resolución y negó cualquier conversación con el presidente Francisco Sagasti sobre la elección de los nuevos miembros del TC.

ANÁLISIS

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi expresó que “ningún juez puede decirle al Congreso si puede nombrar o no a magistrados”, al considerar incluso que el tema recién se vería hoy en el Pleno.

El experto dijo que lo resuelto por el PJ generó “ruido” entre los congresistas, quienes aún podrían tener dificultades para lograr los 87 votos necesarios para elegir a un tribuno.

En diálogo con Correo, el abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que la resolución del Poder Judicial “atenta contra el estado de derecho porque ha acogido una medida cautelar sin escuchar antes al Congreso, que es la parte demandada”.

REACCIÓN

Por la tarde, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió una investigación preliminar a Soledad Amparo Blácido Báez, que ordenó suspender la elección de nuevos magistrados del TC.

La decisión, emitida por la magistrada suprema Mariem De La Rosa Bedriñana, jefa de la institución, se adoptó contra la jueza supernumeraria por “haber dictado el auto admisorio de la demanda de acción de amparo y medida cautelar en contra de la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, y otros”.