El régimen de Martín Vizcarra disolvió el Parlamento nacional hace cuatro años, el 30 de septiembre de 2019.
Conversamos al respecto con el reconocido constitucionalista Natale Amprimo quien, en esta página, examina y comenta aquel episodio que, para muchos, fue el inicio de una secuencia de crisis políticas que aún repercuten en el presente.
¿Qué impresiones mantiene de ese evento político cuatro años después?
Fue un día nefasto para el estado de derecho, para la institucionalidad del Perú y, respecto del cual muchas personas se prestaron a apoyar ese acto condenable que tanto daño le ha hecho al país. Hay algunos juristas que han institucionalizado, como principio general del derecho, el que ellos son los dueños de la verdad y que pueden aplicar la teoría del “piso y paso”.
¿A quienes se refiere?
A aquellos que crearon la figura de la denegación fáctica. En el derecho público, como lo es el derecho constitucional, lo no permitido es prohibido. Usted no puede, vía una interpretación, ir más allá de lo que la Constitución nos faculta, ¿verdad?. Porque en el derecho público no rige el principio de que lo no prohibido es permitido sino, por el contrario, rige el principio de que lo no permitido es prohibido. Entonces, tuvimos una serie de adulones que me hacen recordar a esos juristas que, en su oportunidad, apoyaron a Hitler y que eran una suerte de malabaristas del derecho para justificar lo injustificable y para estar cercanos al poder.
¿Puede darnos una opinión jurídica más acotada sobre la disolución del Congreso por Vizcarra?
Absolutamente inconstituconal. Un golpe de Estado que fue, además avalado por algunos malos magistrados que estaban en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? y que eso no nos debe extrañar porque eso también ocurrió cuando se dio un golpe de estado en otras oportunidades aquí y en otras partes del mundo. Por eso es importante tener una justicia independiente. No una sometida al poder político y no con magistrados que, simplemente, no están a la altura del alto cargo que ocupan y que nación les ha confiado.
Cabe recordar que el TC del 2020, en enero de ese año, dijo que el cierre del Congreso era legítimo y constitucional, ¿qué opina al respecto?
En el fondo fueron magistrados que se prestaron a esa situación, que pasaron a la historia como unos nefastos magistrados que se prestaron a ello.
¿Cuál sería su conclusión en cuanto a la disolución del Congreso?
Lo que nos ha dejado el golpe de estado de Vizcarra es la comprobación de que en el Perú tenemos una serie de falsos líderes, de falsos valores, de ídolos de barro que, simplemente, adecúan su discurso a lo que el poder quiere, a lo que el gobernante de turno quiere. Hubo quienes hasta publicaron libros para justificar la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. Eran pseudo constitucionalistas porque, obviamente, quien tienen ese comportamiento no puede ser un defensor de la constitucionalidad. También hubieron dirigentes gremiales desde el sector empresarial, lo cual es una comprobación de que muchas veces pareciera que se omiten pronunciamientos y opiniones sin importar su carácter legal, institucional y ético, sino por algún tipo de interés subalterno. Y los periodistas, así como en los noventa hubieron las “geishas”, también hubieron los “lagartos” y las “lagartas”, y muchos de ellos se pasean orondos el día de hoy en la TV y la radio.
¿Cómo evalúa el desempeño del actual Tribunal Constitucional?
Vea, el actual TC, a mi juicio, no ha incurrido en ninguna incorrección en su comportamiento. Podemos coincidir o no en algún fallo que hayan emitido pero no está en juego su apego al derecho y al orden constitucional. Por el contrario, ha emitido sentencias en las que, claramente, ha señalado una línea y ha corregido esos precedentes vergonzosos que nos dejó el tribunal integrado por los señores Eloy Espinoza-Saldaña, Miranda Canales, Ramos y la señora Marianella Ledesma. En honor a la verdad, su comportamiento no fue correcto y con apego a la constitucionalidad.
