Alternativas. El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, está habilitado para acudir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional con el fin de discutir la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien dispuso la suspensión de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo hasta que culmine su mandato en atención a su inmunidad absoluta.
Así lo sostuvieron los expresidentes del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez y Óscar Urviola, quienes cuestionaron la decisión de Ávalos.
“La Procuraduría General del Estado puede presentar un recurso de amparo ante un juez constitucional. Es válido que acuda al juzgado constitucional para interpretar la Constitución”, dijo Álvarez a Correo.
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No obstante, reparó en que la mayoría de los jueces de primera instancia son provisionales y, por tanto, “no serían tan independientes al poder político”.
“En caso el juez rechace la demanda de amparo, la procuraduría puede apelar ante la Sala Constitucional y si confirma el rechazo, puede acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, este proceso puede tomar bastantes meses”.
Ernesto Álvarez lamentó la decisión de la fiscal de la Nación, al señalar que el artículo 117 de la Constitución establece que “no se puede acusar pero no se menciona nada sobre investigar”.
“Además, se debe ponderar la búsqueda de la verdad de hechos que han sido materia de denuncia. Si esperamos cinco años, las pruebas pueden correr peligro”, dijo.
Por su parte, Óscar Urviola consideró que la procuraduría general del Estado puede presentar un recurso de demanda competencial ante el Poder Judicial para revisar la decisión de la titular del Ministerio Público. “No se entiende la decisión de la fiscal de la Nación, dado que la Constitución es explícita al señalar que no se puede acusar, pero no habla de investigar”, dijo Urviola.
Asimismo, indicó que la Defensoría del Pueblo puede intervenir e interponer un recurso legal similar ante el juzgado constitucional.
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Respaldo
El último jueves, un grupo de procuradores públicos emitió un comunicado para respaldar la gestión del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján y rechazando la injerencia política en su trabajo. “Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de injerencia política en la labor de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley”, señala el comunicado.
Además, invocan al Poder Ejecutivo “a respetar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos, ya que ello contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, al mismo tiempo que favorece el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas, que son pilares fundamentales de todas las democracias en el mundo”.
Entre los firmantes, figuran la procuradora ad hoc Silvana Carrión, la procuradora adjunta Nory Vega Caro, entre otros.