Contraloría halla irregularidades en designación de procuradora

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso de nombramiento de María Aurora Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado, designada en este cargo por el gobierno de Pedro Castillo en febrero de este año tras la remoción de Daniel Soria Luján.

A través de un informe emitido por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia, al que accedió Correo, se indica que ni el Minjus ni la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitaron a Caruajulca su declaración jurada en la que consigne no haber cometido faltas en la idoneidad en la defensa jurídica del Estado.

Ello, a pesar de que Caruajulca registra hasta tres denuncias: una cuando fue procuradora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (enero del 2018), y dos como procuradora de la Municipalidad de Comas (setiembre del 2018 y abril del 2021), según consta en un informe remitido por la Oficina de Control Funcional de la PGE.

El informe de la Contraloría señala que las denuncias vienen siendo ventiladas “por órganos que son dependiente de su despacho (de María Caruajulca), “situación que origina el riesgo de afectación al principio de justicia y equidad así como se mantengan relaciones laborales en conflicto por el cumplimiento de funciones a cargo de la procuraduría general del Estado y de su titular”.

Por ese motivo, la Contraloría califica esta situación como “adversa” y pide al Ministerio de Justicia notificar del informe y responder en un plazo de cinco días hábiles las acciones preventivas y/o correctivas sobre las observaciones detectadas.

Como titular de la PGE, Caruajulca debe defender los intereses del Estado participando en los procesos en los que este se vea como perjudicado, como las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de corrupción en el Ministerio Público.