La Contraloría acusó al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, de “hostilización y amenazas”. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)
La Contraloría acusó al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, de “hostilización y amenazas”. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

La Contraloría General de la República rechazó la “hostilización y amenazas” del gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, en su labor de control tras las denuncias de irregularidades en contrataciones y uso indebido de bienes de la empresa estatal.

A través de un comunicado, precisó que dichas acciones ocurrieron en las últimas semanas y constituyen “limitaciones”, ya que obstruyen el ejercicio del control gubernamental.

Mencionó que en el caso de la adquisición de biodiésel B100, se han detectado limitaciones en la recopilación de testimonios y declaraciones por parte de los funcionarios de Petroperú involucrados en la investigación.

Detalló que dichos funcionarios se han negado a prestar testimonios aduciendo haberlos brindado a la Fiscalía. “La Contraloría y el Ministerio Público tienen funciones distintas bien definidas en la ley”, acotó.

En el marco de las investigaciones sobre el supuesto uso irregular de un vehículo asignado a la Gerencia General de Petroperú, se procedió a requerir oportunamente la respectiva información sustentatoria. Sin embargo, la empresa brindó información parcial que no responde claramente a las preguntas formuladas por el órgano de control, lo que consta en documentos oficiales.

Adicionalmente, el 18 de febrero, se efectuaron llamadas telefónicas desde la Gerencia General de Petroperú a la jefatura del Órgano de Control Interno (OCI) para “reclamar de manera airada, lanzando improperios” y se amenazó con represalias contra el jefe y el personal del mencionado OCI.

“Dichas amenazas se materializaron con el retiro, sin previa coordinación, de los abogados asignados al OCI, que venían participando de las investigaciones, entre otras restricciones”, subrayó la Contraloría.

“Estas conductas limitan y obstruyen el ejercicio del control gubernamental y contravienen las disposiciones que señalan que los funcionarios y servidores públicos están sujetos al control que ejerce la Contraloría”, agregó.

La entidad advirtió que el incumplimiento, negativa o demora de manera injustificada para la entrega o suscripción de la información requerida, contraviene la ley de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General de la República.

“Los hechos antes mencionados han sido comunicados al Presidente de Directorio de Petroperú y serán oportunamente comunicados al Ministerio Público para que actúen de acuerdo a sus competencias”, sentenció el ente fiscalizador.