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El Poder Judicial dará a conocer su decisión sobre el cese de prisión preventiva de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, solicitada por su abogado debido al supuesto riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19), en el plazo correspondiente.
El juez Jorge Chávez Tamariz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, refirió que por transparencia, además de notificar a las partes, se subirá la respectiva resolución al sistema especializado.
Durante su intervención, Raúl Pariona, abogado de Villarán, indicó que la exalcaldesa “ha cumplido ya más de diez meses de privación de libertad, tiempo transcurrido en el que han variado las razones que sustentaron la prisión preventiva en su momento”.
Asimismo, señaló que su patrocinada se encuentra en la población de riego al tener 70 años y una enfermedad preexistente (lupus), por lo cual puede contraer el COVID-19 en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva.
Por su parte, el fiscal Carlos Puma afirmó que Villarán está “debidamente medicada y estable”, y que el abogado se basa en una historia clínica en la que su defendida tiene lupus “desde hace 45 años” e hipertensión.
“Los documentos presentados por el abogado no son suficientes. Se ha probado que hay peligro de obstaculización, que [Susana Villarán] tenía injerencia sobre sus coimputados”, indicó.
Cabe recordar que el pasado 28 de marzo el Juzgado Penal 31 de Lima rechazó una solicitud para que una junta médica evalúe el estado de salud de Susana Villarán ante el riesgo de contagio por coronavirus.
Del mismo modo, en febrero la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la apelación del hábeas corpus presentado por la exautoridad edilicia para revertir la ratificación y ampliación de 18 a 24 meses de prisión preventiva en su contra.
Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones.
Además, OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros US$4 millones para su campaña de reelección en el 2014. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.
