Corte Suprema definirá destino de aportes de campaña

Noviembre será un mes trascendental para el destino de las investigaciones que involucran a más de un excandidato presidencial e, incluso, exmandatario o político en funciones por aportes de campaña no declarados ante el ente electoral correspondiente.

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Y es que el próximo martes 2 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema escuchará, en audiencia, a las defensas legales del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia por un recurso de casación que presentaron para definir si los aportes de campaña -que no declararon- en el 2006 y 2011 constituyen o no delito de lavado de activos.

La audiencia se llevará a cabo en Palacio de Justicia, desde las 9 de la mañana y, de acuerdo a especialistas, el resultado del fallo del tribunal supremo tendrá una incidencia directa en casos similares de aportes de campaña.

INTEGRANTES. La Sala Penal Permanente está conformada por los jueces César San Martín (presidente), Manuel Estuardo Luján, María del Carmen Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Norma Carbajal. Se requieren cuatro votos, en un sentido u otro, para declarar fundado o infundado la casación.

En la audiencia de casación de Ollanta Humala, la sala escuchará a la defensa de los acusados expresar sus argumentos a favor de la casación.

También participarán el representante del Ministerio Público y al procurador de lavado de activos, Miguel Sánchez Mercado defender la acusación penal contra la expareja presidencial por lavado de dinero.

Tras ello, la sala resolverá en un plazo de acuerdo a ley, que podría darse a fin de mes, teniendo en cuenta la complejidad del caso.

La casación presentada por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia llegó al tribunal supremo el 19 de julio del 2021 y ha tenido una serie de incidencias, entre escritos interpuestos por las partes, quienes también participarán en la audiencia de este miércoles.

Como se sabe, la expareja presidencial es acusada de haber recibido dinero ilícito del gobierno de Venezuela para la campaña presidencial del Partido Nacionalista en 2006; y 3 millones de dólares por parte de Odebrecht para la campaña del 2011.

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INCIDENCIA. El fallo que emita la Corte Suprema en la casación de Ollanta Humala y Nadine Heredia tendría en incidencia en siete casos, según pudo contabilizar Correo.

Siete carpetas fiscales que versan sobre aportes de campaña, no declarados ante las autoridades electorales y que, en varios de ellos, se encuentran en etapas definitorias como el caso Keiko Fujimori; Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y lógicamente el de Humala, que está en etapa de juicio oral.

El partido de gobierno Perú Libre, investigado por presunto lavado de activos, también está incluido en el paquete de casos que se podrían ver beneficiados si la sala suprema falla a favor de los Humala-Heredia.

Por si fuera poco, están las investigaciones al partido del APRA y al excandidato presidencial, Julio Guzmán, a quienes la Fiscalía los investiga por recibir aportes de la constructora Odebrecht.

En el primer caso, se trata de un supuesto aporte de 200 mil dólares al partido de la estrella para la campaña presidencial de Alan García en 2006, según reveló Jorge Barata, exejecutivo de la empresa brasileña, al Equipo Especial Lava Jato.

La investigación data desde junio del 2018.

En el caso de Julio Guzmán, el Equipo Lava Jato lo investiga por presuntamente haber recibido 400 mi dólares de Odebrecht para su campaña presidencial del 2016.

La pesquisa inició en agosto del 2020.

EXPECTATIVA. En diálogo con Correo, el abogado penalista Luis Lamas manifestó que lo que se decida a partir de la casación “va a definir el curso de las investigaciones y los juicios por corrupción” relacionado al expectro político partidario.

Consideró que, en el año 2019, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski -con la anuncia del bloque fujimorista en el Parlamento- promulgó una incorpora en el Código Penal el delito de financiamiento de origen ilítico para organizaciones políticas, norma que habría sido gestada para que los investigados no sean juzgados por lavado de activos.

“Esa ley fue dada para fortalecer la impunidad en el país, porque el delito de lavado de activos es un delito mucho más grave y trascendente. Entonces, a los efectos de oxigenar a todos los investigados se promulgó este dispositivo y ahora se está planteando esta casación para que la Corte Suprema decida en el sentido de que no se trataría de lavado de activos, sino de financiamiento de partidos políticos”, sostuvo.

Lamas Puccio consideró que, en este caso, estaría tipificado como lavado de activos, dado que los fondos que se aportaron “a la campaña prevenían de actividades delictivas, que es lo que se denomina el delito fuente”.

Consideró que, a través de la casación, se busca orientar un pronunciamento de la Corte Suprema en el sentido de financiamiento de partidos políticos, situación que sería acogida por otras organización también investigadas.

“Todo el esfuerzo hecho durante años por la Fiscalía va a quedar sin ninguna utilidad. Sería la impunidad legalizada”, precisó.

Por su parte, el penalista Mario Amoretti manifestó lo que se resuelva el 2 de noviembre será “interesante” dado que la expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, vienen siendo procesados por el delito de lavado por las campañas 2006 y 2011, cuando recién en el año 2019 se contempla esta falta para los aportes a partidos.

Señaló que en casos como este la Fiscalía debió iniciar una investigación por defraudación tributaria y no por lavado de activos.

“Siempre he manifestado que los aportes que recibieron los partidos políticos en aquella fecha no eran delito de lavado de activos, puesto que no estaban configurados como tal”, indicó.

“Frente a esta situación, considero que es de vital importancia la casación porque va a dilucidar un problema muy crucial”, agregó.