La Corte Suprema evaluará este miércoles 30 de septiembre la vigencia de la prisión preventiva que cumple el expresidente Pedro Castillo en el marco de una investigación por presunta organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravado. De acuerdo con información difundida por RPP, la audiencia estará a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley y se desarrollará de manera virtual desde las 8:30 a. m.
La diligencia comprende el proceso acumulado por los casos relacionados con Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda. El magistrado revisará de oficio si permanecen las condiciones que sustentaron la medida y escuchará a las partes antes de emitir una decisión en los próximos días.
Revisión de la medida
El procedimiento responde a la obligación de revisar periódicamente las condiciones de una prisión preventiva. Para esta audiencia, Checkley solicitó al penal de Barbadillo, en Ate, adoptar las medidas necesarias para que Castillo participe mediante videoconferencia.
La revisión se realiza pese a que la Sala Penal Permanente confirmó en junio la ampliación de la medida por 12 meses, luego de que la defensa apelara la resolución emitida en febrero. Con esa decisión, la prisión preventiva quedó vigente hasta el 8 de marzo de 2027.
El proceso en el que se desarrolla esta revisión investiga al exmandatario por su presunta participación en una organización criminal vinculada con hechos relacionados con el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda y Petroperú. Además, se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.
La ampliación de la medida dispuesta en febrero fue sustentada judicialmente, entre otros aspectos, en la complejidad de las diligencias pendientes y en la evaluación del peligro de fuga. La Sala Penal Permanente posteriormente confirmó esa decisión al rechazar el recurso presentado por la defensa.
Castillo permanece recluido en Barbadillo y, además de esta medida cautelar, cumple una condena dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por el caso relacionado con su intento de quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue emitida el 4 de diciembre de 2025 y estableció una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
