Pese a oposición del oficialismo, el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que regula la cuestión de confianza. (Foto: Congreso)
Pese a oposición del oficialismo, el Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que regula la cuestión de confianza. (Foto: Congreso)

El Congreso aprobó por insistencia la autógrafa que regula la aplicación de la cuestión de confianza, norma que había sido observada por el Poder Ejecutivo hace casi dos semanas.

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Por 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional dio luz verde al también por insistencia por la Comisión de Constitución y Reglamento la semana pasada.

Previamente, el Pleno rechazó, con 39 votos a favor, 79 en contra y cero abstenciones, una cuestión previa de la legisladora Katy Ugarte Mamani (Perú Libre) para que la autógrafa retorne a la Comisión de Constitución.

El dictamen interpreta los alcances de los artículos 132 y 133 de la Constitución. El objetivo del mismo era definir sobre qué temas el Poder Ejecutivo puede plantear ante el Parlamento una cuestión de confianza.

Sin embargo, la autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo, que devolvió el documento a la Comisión de Constitución el pasado 6 de octubre alegando que “vulnera el principio de separación de poderes y las competencias del Poder Ejecutivo vinculadas a la formulación e implementación de políticas públicas”.

“Solo se avoca a limitar la potestad constitucional del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza, más no establece regulación alguna respecto de la censura ministerial que puede proponer el Congreso, para lo cual este tiene amplios márgenes y solo está limitado por requisitos formales, como también los tiene la presentación de una cuestión de confianza”, señalan las observaciones.

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Del mismo modo, el Poder Ejecutivo también enfatiza que la autógrafa se aparta de la interpretación de la cuestión de confianza realizada por el Tribunal Constitucional (TC).

“Debe reiterar que en el ordenamiento jurídico nacional la interpretación que realiza el TC sobre las disposiciones constitucionales resulta vinculante para todos los poderes públicos, lo que incluye al Poder Legislativos, y privados”, indicaron.

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