Tres días después de la captura de Alejandro Sánchez en Estados Unidos (EE.UU.), el Poder Judicial (PJ) ha confirmado que no había una alerta, o “notificación roja” vigente, dictada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el prófugo investigado.
El dueño de la casa en Jirón Sarratea, Breña, en la que se denunció el funcionamiento de un despacho presidencial clandestino, es sindicado por el Ministerio Público como miembro de una presunta red criminal liderada por Pedro Castillo.
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Por ello, el PJ dictó prisión preventiva en su contra en noviembre de 2022 y, según sostuvo ayer en sus redes sociales, “reiteró” en su momento que Interpol “publique la notificación con alerta roja” en contra de Sánchez.
Con ello, confirmó que solicitó más de una vez a la entidad internacional activar esta medida. Sin embargo, de acuerdo con su pronunciamiento, esta se negó a emitir la alerta debido a que se trataba de un tema “político, militar, religioso o racial”.
EN DETALLE
Fue el 11 de octubre del año pasado cuando se dispuso la detención preliminar, por 10 días, de Sánchez Sánchez por el caso “Gabinete en la sombra”.
En aquel momento, el financista de Castillo Terrones decidió no comparecer ante la justicia peruana y pasar a la clandestinidad. Mediante un comunicado en su cuenta de Facebook, negó cualquier acto ilícito.
Casi un mes después, el 16 noviembre del mismo año, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, con el juez Víctor Zúñiga a la cabeza, le dictó 30 meses de prisión preventiva.
Luego se produjo la primera solicitud enviada desde el Poder Judicial a Interpol Perú para activar una “notificación roja” contra Sánchez.
En su plataforma oficial, la institución precisa que la también llamada “alerta roja” es “una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona, en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar”.
Las diligencias transcurrieron y el 14 de febrero, de este año, ya con Dina Boluarte ocupando el sillón presidencial, la sede de Interpol en Lima recibe una respuesta negativa desde su central, ubicada en Francia. Se alegó que este era un caso “predominantemente político”; según Punto Final.
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Transcurridos dos días, ya notificados de la decisión adoptada, el Poder Judicial decide insistir en su requerimiento y comienza un nuevo proceso de solicitud. La respuesta desde el país europeo, sin embargo, tardaría casi siete meses en llegar.
Es así que Interpol comunica a sus oficinas en Perú, el último 24 de agosto, su segundo rechazo. El PJ, en tanto, informó recién la tarde de ayer de todos estos tropiezos.
En sus descargos, refieren que “el organismo internacional no accedió a la solicitud de publicación de la notificación roja (…) en aplicación del artículo 3 de su estatuto, y no lo registró en su base de datos”.
Este artículo indica que “está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
PERSPECTIVA
En diálogo con Correo, el exministro del Interior Rubén Vargas sostuvo que la “Interpol no puede hacer interpretaciones de un mandato judicial”, sino que “simplemente” debe ejecutarlas por ser esa su función como institución.
“Si la resolución del juez ordena que se le busque y capture (a Sánchez) a nivel nacional e internacional, entonces tiene que hacerse un trámite administrativo para que esa orden esté en Interpol, a través de su alerta roja a nivel mundial, a nivel de todos los países que forman parte de la red de la entidad”, explicó.
En la actualidad, la institución cuenta con 195 países miembros y señala que las alertas rojas “se fundamentan en una orden de detención o en una orden judicial expedida o dictada por las autoridades judiciales del país solicitante”.
Agrega, además, que los países que integran la organización “aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona”.
En este marco, el exministro también lamentó que se presenten “actuaciones no muy claras” en medio de procesos de gran trascendencia en el país. “(Es preocupante) ver actuaciones timoratas y poco diligentes de funcionarios públicos en casos de alta corrupción política”, alertó.
Resaltó, asimismo, que este caso amerita la intervención de la Inspectoría General de la Policía Nacional o de la Oficina de Asuntos Internos del Mininter.
“También sería importante la intervención de la Procuraduría respectiva, para saber si se están protegiendo los intereses del Estado al no ejecutarse órdenes judiciales contra personajes vinculados a casos de corrupción”, puntualizó Vargas.
SABOTAJE
El excanciller Luis Gonzales Posada, a su vez, consideró que las respuestas de Interpol son “inexplicables y deplorables” como organismo internacional.
Añadió que tanto el Mininter como el Ministerio de Justicia deben pedir una aclaración sobre estas negativas. Agregó que la Interpol no puede constituirse en un intérprete de hechos que están ocurriendo (en el Perú), y menos en un caso penal.
“La justicia debe ser primero rápida, segundo equilibrada y perfectamente encajar con un estado constitucional de derecho. Y eso no puede ser sobacabado; lo que está ahí haciendo (...) Interpol es un sabotaje a un proceso judicial y eso hay que decirlo”, remarcó el exministro.
