La aprobación ayer en la Comisión de Constitución del predictamen que permite a alcaldes y gobernadores reelegirse de forma inmediata por una única vez puede ser el primer peldaño de la escalera mediante la cual el Congreso llegue a la reelección parlamentaria.
Son varias las razones que apuntan a esa sospecha, pero la principal es que hay por lo menos tres proyectos de ley en espera de ser estudiados por la Comisión de Constitución y uno pendiente en la agenda plenaria.
Las tres iniciativas son para volver a elegir a los parlamentarios una vez que concluyan su mandato. Allí se argumenta que es necesario contar con representantes con “mayor experiencia” de gestión y de conocimiento en la función legislativa. En rigor, se utiliza el mismo sustento para iniciativas similares de reelección.
Ayer por la mañana, la voz del congresista Alejandro Muñante abonó más a esa sospecha: Pidió con mucho interés que se debata su proyecto para la reelección congresal. Ante ello, Martha Moyano, presidenta de Constitución, indicó que este asunto está “en el marco de la bicameralidad”, la cual se estima que se vea esta semana.
No obstante, si este asunto no surte efecto al menos en este periodo legislativo, la doble cámara es otra de las alternativas para permanecer en ese poder del Estado, pues si no hay reelección congresal, se les abre una ventana en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, lo que podría significar una traba para el Parlamento es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley 30906 que prohíbe la reelección inmediata de congresistas.
Para el TC, limitarla no es inconstitucional, no trasgrede el derecho constitucional de participación política, no vulnera el derecho a elegir ni a ser elegido, ni infringe los presupuestos de la democracia constitucional o del derecho a vivir en democracia.
SECUENCIA
Por lo pronto, todos los ojos están centrados en el dictamen que permite a los alcaldes y gobernadores volver a postularse inmediatamente.
Al inicio, la iniciativa no tenía mucho revuelo, pero ayer en el debate de la Comisión de Constitución se dejó claro que al menos el Bloque Democrático de derecha la apoya.
Martha Moyano, Alejandro Aguinaga, Eduardo Castillo, Héctor Ventura y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, apretaron verde. Lo mismo pasó con Eduardo Salhuana (APP), Adriana Tudela y Diana Gonzáles (Avanza País), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Darwin Espinoza (Acción Popular), Héctor Valer (Somos Perú) y María del Carmen Alva (No Agrupada).
Por el contrario, Waldemar Cerrón, Margot Palacios y Elizabeth Taipe, de Perú Libre, votaron en contra. En el mismo sentido lo hicieron Edgar Reymundo (Cambio Democrático), Germán Tacuri (Bloque Magisterial) y Elías Ávalos (Podemos).
Solo Alex Paredes (Bloque Magisterial), Gladys Echaíz (Renovación Popular) y Juan Burgos (Unidad y Diálogo) se abstuvieron.
En total, hubo 12 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.
En la ronda de intervenciones, el fujimorista Eduardo Castillo indicó que en la práctica, la reforma que impide la reelección a los gobernadores y alcaldes no disminuyó ni acabó con la ola de casos de corrupción y, por el contrario, solo ha debilitado la profesionalización de la política y la militancia de los propios partidos.
En el mismo sentido opinó su colega de bancada Patricia Juárez. Ella refirió que se deben generar los cimientos suficientes para que haya continuidad en las gestiones. “Eso hará que nuestro país sea más estable y que las obras de infraestructura puedan tener continuidad en el tiempo”, sostuvo.
José Jerí, de Somos Perú, consideró que es importante enviar un mensaje a la población de que el Congreso elabora propuestas y planteamientos para mejorar el sistema de partidos políticos.
A su turno, Eduardo Salhuana (APP) afirmó que la reelección de esas autoridades sí es razonable.
Del otro lado, Edgar Reymundo y María Taipe opinaron que no es prudente la norma.
Ahora, la iniciativa deberá ser evaluada por el pleno del Congreso cuando lo decida la Junta de Portavoces.
HISTORIAL
En el reciente dictamen se modifica los artículos 191 y 194 para que los gobernadores y alcaldes sean reelegidos de forma inmediata para un solo periodo sucesivo adicional. Antes, la norma solo señalaba que las autoridades podían ser reelegidas pero en un periodo no sucesivo.
Los proyectos que son parte del dictamen son de Patricia Juárez (P.L. 2027/2021), Arturo Alegría (P.L. 2067/2021), Patricia Chirinos (P.L. 2225/2021), Víctor Flores (P.L. 2287/2021), Norma Yarrow (P.L. 2303/2021) y Segundo Acuña (P.L. 2343/2021).
Entre los principales argumentos de la iniciativa está que la tasa de reelección de autoridades subnacionales es sumamente baja por lo que se debe descartar toda crítica en relación a perpetuarse en el poder.
“Históricamente, en promedio, si se suma el total de alcaldes y gobernadores regionales que tentaron la postulación, estos alcanzan al 56.44%, mientras que, de dicho número, solo el 21.68% fue reelecto”, indican.
Precisan que la reelección permite revindicar el derecho ciudadano de elegir libremente a sus autoridades y que ello significa devolverle al elector toda la posibilidad de hacer un control electoral sobre sus autoridades, “sancionándolas o premiándolas con la renovación del cargo”.
En otro punto, indican que la reelección de autoridades permite la implementación de proyectos de desarrollo de mediano y largo plazo cuyo beneficiario es el ciudadano.
Asimismo, “que permite tener mejores cuadros en la política nacional con lo que se incrementa la calidad de la oferta política en general”.
Recordemos que con la ley 30305, publicada el 10 de marzo de 2015, se modificaron los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución para proscribir la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes municipales.
En ese entonces se encontraron varias razones como el de tener un correcto manejo de los bienes públicos, el favorecimiento a la lucha contra la corrupción eliminando el conflicto de intereses y la limitación al favorecimiento de desarrollo de obras seleccionadas con criterios oportunistas.
En suma, el fundamento sobre el que se prohibió la reelección inmediata de autoridades subnacionales provenientes de elección popular giraba en torno a evitar que la reelección se convirtiese en un incentivo perverso que propicie el mal uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. Todo ello fue obviado por este nuevo predictamen.
