Decano de CAL: “A Heriberto Benítez lo asiste la presunción de inocencia para defender a Toledo”
Decano de CAL: “A Heriberto Benítez lo asiste la presunción de inocencia para defender a Toledo”

Tan polémico como el hecho de que el expresidente Alejandro Toledo esté siendo procesado por el recibo de sobornos de parte de la constructora Odebrecht, es que su defensa haya recaído en Heriberto Benítez, a su vez procesado por el caso La Centralita. El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo, se refiere a este tema.

¿El hecho de ser procesado inhabilita a Heriberto Benítez para defender a Alejandro Toledo?

No, de ninguna manera. En principio, porque le asiste la presunción de inocencia. Él, presumiéndose inocente, no tiene ninguna facultad disminuida. Para actuar como abogado solo debe estar al día con sus cuotas en el Colegio y figurar como agremiado activo. Si cumple con esa condición, puede abogar.

¿Hay alguna medida de ética que se vaya a impartir?

Tenemos una Dirección de Ética. Esta funciona de dos maneras. Primero, cuando existen elementos públicos como para abrir una investigación de oficio. Segundo, cuando hay una queja particular; por ejemplo, si alguien le atribuye hechos a determinado abogado. Respecto al señor Benítez, en principio no hay ninguna queja, y su actuación en el caso de La Centralita está sujeta a lo que diga el juez. Allí tendremos un punto de partida (para determinar) si es que hay lugar para una presunta responsabilidad como abogado.

¿No es controversial que un procesado defienda a otro procesado?

Pueder ser controversial por los hechos que se le atribuyen al abogado, pero si entendemos que bajo la presunción de inocencia una persona puede candidatear a un cargo público, es lo mismo. Un médico que está procesado no va a dejar de trabajar hasta que lo inhabiliten. La inhabilitación parte de una sentencia en última instancia. Otro modo de inhabilitación es que un abogado esté preso.

La Dirección de Ética sí ha abierto un proceso a Rodolfo Orellana, ¿cómo va el caso?

El caso de Orellana fue abierto durante la gestión de mi antecesor, Mario Amoretti. Presuntamente, Orellana utilizó el Centro de Arbitrajes del Colegio de Abogados para que le salgan a su favor determinados casos. Lo que pasa es que al señor Orellana lo han llevado al penal de Challapalca, y las notificaciones tienen que darse donde está. Eso hace más lento el caso, pero sigue en curso. También tenemos el caso de (Carlos) Burgos, que fue alcalde de San Juan de Lurigancho. Se dice que no es abogado, que hubo una falsificación. Probablemente, antes de que acabe el año debemos emitir una resolución en última instancia sobre si es o no abogado.