Juan Barrantes, abogado de la mujer que denunció al diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, por presunta violencia física y psicológica, anunció que presentará nuevas actuaciones dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público. Además, cuestionó la decisión de disponer la libertad del legislador tras el vencimiento del plazo de detención y sostuvo que aún existen diligencias pendientes para esclarecer los hechos.
En declaraciones a Canal N, el letrado recordó que la denuncia se originó el pasado 30 de julio, cuando su patrocinada solicitó la intervención de la Policía tras denunciar que el parlamentario habría ingresado sin autorización a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Miguel. A partir de ese momento, ambas partes fueron trasladadas a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.
Barrantes señaló que, de acuerdo con la versión de la denunciante, los presuntos hechos de violencia física se habrían producido cuando ambos permanecían en la comisaría. Según indicó, el diputado primero la habría amenazado verbalmente y luego la sujetó del brazo para finalmente propinarle una patada.
El abogado precisó que estos hechos fueron incorporados en la declaración brindada por su patrocinada. Asimismo, sostuvo que esa información deberá ser evaluada por las autoridades durante el desarrollo de la investigación.
Nueva evidencia del caso
Como parte de las diligencias, la defensa informó que entregó un video para que sea incorporado al expediente fiscal. Barrantes indicó que ese material formará parte de los elementos que serán analizados por el Ministerio Público.
Asimismo, anunció que solicitará la ampliación de la denuncia penal para incluir los hechos que, según sostiene, ocurrieron dentro de la dependencia policial. La defensa considera que esa información también debe formar parte de la investigación.
El representante legal también expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de dejar en libertad al parlamentario una vez concluido el plazo de detención. No obstante, reconoció que el proceso continúa y que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen responsabilidades penales conforme avancen las diligencias.
