El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, analizó la crisis política desatada por la decisión de Dina Boluarte de decir que las joyas de lujo que ostentó fueron un préstamo pero también criticó los excesos cometidos en el allanamiento a su domicilio.
¿Cree usted la versión de la presidenta Boluarte que los Rolex fueron un préstamo de Wilfredo Oscorima?
No me corresponde calificar. Da lo mismo qué pueda creer o no. Lo que importa acá es que las instituciones, dentro de un país como el nuestro, que tiene un Estado Constitucional de Derecho, funcionan como tal y creo que así debe ser: por un lado la Contraloría ha hecho las investigaciones y, por otro lado, está la intervención del Ministerio Público que ha actuado dentro de su competencias.
¿Boluarte manejó mal el tema?
Yo no sé desde qué punto de vista podría decir mal manejo porque, en el ámbito penal, lo que se recomienda a los clientes es que la Fiscalía desarrolle su hipótesis y muchos, como en este caso, guardan silencio. Yo creo que esa visión de la defensa penal a veces no condice con la responsabilidad del funcionario porque en un caso muy delicado, lo inmediato es responder. Puede ser la respuesta risible, no creíble, o lo que usted quiera, pero es un tema que ya se da. Entonces, quien asume los costos de esa demora no somos nosotros, sino la presidenta y, seguramente, con su equipo sabrá evaluar el impacto de eso.
La presidenta, como usted sabe, tiene una enorme responsabilidad en dilucidar la verdad...
De lo que más se preocupa la Defensoría es de la tranquilidad de cómo podemos desarrollar nuestro trabajo como país sobre asuntos que sí revisten importancia, (...) entonces, estar distraídos en un tema que es personalísimo de la presidenta, que debió matarse desde el inicio, está dando continuidad a una discusión de innecesaria.
¿Entonces, es un tema personalísimo lo que pasa con la presidenta?
Claro, porque no estás hablando de asuntos de gestión propiamente. El hecho de portar un reloj, o lo que sea, te puede dar indicio de cualquier cosa de manera especulativa. Pero no es un asunto que haya comprometido un tema de gestión propiamente, ¿no? Entonces, esos son asuntos de carácter personal, pero que han involucrado a la institución presidencial y se ha debilitado en cierta parte la institución presidencial más allá de si fuera Dina (Boluarte) o cualquier otro presidente.
¿En qué sentido?
Porque cuando a un presidente le patean la puerta y se meten a la casa, se rompe el mínimo razonamiento de principio de cuidado a lo que representa la Presidencia de la República. No es la persona en sí, sino lo que personifica. En el derecho constitucional sabemos distinguir perfectamente las actuaciones individuales de las actuaciones de función. Por una actuación individual puedes comprometer la gestión y lo que ha pasado acá es eso.
O sea, ¿no debió allanarse la vivienda de Dina Boluarte?
No. O sea más allá, de si se allana o no, si alguien llega a allanar, debilita pues la institución presidencial...
Entonces, ¿usted dice que no se debió llegar a esos extremos?
Yo jamás hubiera pensado que se iba a llegar a eso, a allanar de esa forma, nunca, en mi sano juicio, pero soy muy respetuoso de las actuaciones de las instituciones. La responsabilidad de los funcionarios es cuidar la cosa pública. A todo el mundo le hice una pregunta, si el artículo 99 de la Constitución señala quiénes son los aforados y se fija la prerrogativa del fiscal de la Nación para hacer investigaciones preliminares a los aforados, teníamos claro en el derecho constitucional que cuando hablábamos de aforados hablábamos de ministros, congresistas, de autoridades autónomas, pero respecto a la figura presidencial, por lo que representaba dentro de la misma Constitución, que es un instituto de protección de inmunidad propiamente, no debería haber ni siquiera una investigación. Es una discusión de muchos años, es más, como usted comprenderá, muchos fiscales de la Nación interpretaron la norma diciendo que no se puede investigar a un presidente en ejercicio.
La presidenta debió dilucidar esto desde un comienzo...
Sí, hubiese sido bueno que en unos pocos días se resuelva el tema. Esa era nuestra mayor invocación.
¿Hubo un pésimo manejo político?
Dentro del ámbito político no quiero profundizar porque es una evaluación muy subjetiva. Creo que no hubo respuestas adecuadas y que eso motivó que esto terminase donde ha terminado...
¿Que la presidenta use Rolex y joyas carísimas en un país pobre como el nuestro, no cree que es una ofensa para el pueblo?
Nuestro país no es pobre, está empobrecido. Pero sí, es verdad que a veces lo suntuoso resulta agraviante cuando hay tanta necesidad. Entonces, creo que para eso el Estado fija un conjunto de asesores y más en la Presidencia, donde se encargan de la imagen, de ver que no sean lesivas, hasta las mismas expresiones que uno pueda tener. Entonces, creo que siendo una presidenta que personifica a la nación, la humildad, la sencillez es el camino más correcto.
Entonces, ¿poseer un Rolex termina siendo una ofensa para el pueblo?
Eso sí es categórico y alguien que está en la vida política lo sabe perfectamente. Probablemente ha habido un débil asesoramiento que no le haya permitido ponderar las consecuencias de algunas cosas que, no siendo delictivas ni irregulares, resultan siendo ofensivas a la comunidad.
¿Cómo va el proceso para conformar la comisión que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)?
Vamos a convocarlos en junio para que se instalen los primeros días de julio y, a partir de ello, corre un cronograma. Según este, la segunda quincena de julio será la convocatoria de participantes al cargo...
Hubo una controversia con respecto a la anterior comisión sobre Juan Carlos Cortés Carcelén, que ahora es secretario de la JNJ, y había participado -de acuerdo con el señor Aldo Vásquez- como un asesor externo en la comisión anterior y luego fue designado secretario general...
Yo sería de la idea de que se callen... O sea, que se sometan al escrutinio del proceso si lo hubiera y si no, mejor que se callen...
¿Que se callen?
Claro, es que estamos acostumbrándonos a interpretar la norma como se nos viene en gana y la verdad es que hay entidades tutelares que ven esto. Entonces, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en la definición de la edad de Luz Inés Tello hubiera intervenido el TC para que resuelva como corresponde.
¿Hubo una falla o un error en la conformación de esta JNJ?
No sé, ya está, son cuatro años. Le faltan unos meses. Entonces seguro al término de su mandato se hará una evaluación, ¿no? De cuánto se avanzó o de cuánto no y por qué se avanzó y porque no se avanzó, ¿no?
¿Qué es lo que no se debería hacer en el futuro con la Junta que venga, que no debería repetir?
La Junta que venga no debe tener ningún sesgo político porque sino va a ser inmanejable.
¿Esta junta sí tiene un sesgo político?
No. Le estoy diciendo lo que debe ser en el futuro, no debe tener un sesgo político porque eso está bajo mi responsabilidad. En cambio, lo otro no estaba bajo mi responsabilidad y los cinco años transcurrirán y seguro después pasarán una evaluación mucho más prolija.
¿Qué criterio entonces van a utilizar para que no se repitan o no tengan los próximos postulantes este tipo de anticuerpos?
Ojalá que sea quien sea elegido no tenga, como usted dice, ese anticuerpo a priori, que se les mire y se les deje trabajar y por sus frutos que se les puede evaluar, que es lo más correcto.
¿Inés Tello está bien en la institución pese a su edad?
Somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial; esa cautelar puede ser que yo coincida o no, pero soy muy respetuoso. Y tenía que ejecutarse.
Usted puede ser muy respetuoso pero debe tener una opinión, ¿ no?
Ahí viene el tema, o sea, yo como defensor del Pueblo no me puedo atrever a interpretar la norma y menos cuando me favorezca. No me puedo poner en primera persona, no puedo ser juez y parte; entonces, si yo tengo una duda respecto al tema del funcionamiento de la institución o tengo que promover una ley para que se aclaren los temas, me voy pues al TC y digo, oiga, interprete esto como corresponde porque como usted sabe, el sistema de justicia tiene magistrados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y ellos pasan una ratificación cada siete años, y a veces están en el año 68 y en el año 69 y pasan una ratificación por siete años más, pero a los 70 se van, ¿por qué? Porque así lo dice su ley, ni siquiera la Constitución, su ley. En este caso de la Junta, lo dice la Constitución , o sea que es mucho más vinculante y mucho más potente. Entonces si los magistrados pasan de 75 años y si quieren seguir en la Junta, lo mínimo que tienen que hacer es una consulta, no jurídica probablemente, al Ministerio de Justicia aunque no sea vinculante.
¿Por qué presentó ese proyecto de ley para extender su mandato?
Esa es una mentira, es una narrativa perversa y eso quisiera que lo pongas, es una narrativa perversa, egoísta, torpe y malévola.
¿Cuál fue la intención?
No es ninguna intención. El artículo dos de nuestra Ley Orgánica (...) señala que el defensor del Pueblo es designado por cinco años y puede ser elegido por otro periodo igual y punto. Le dice continuarás en su mandato en tanto se elija al nuevo defensor. Ese término es el mismo que está en la norma, por eso es que yo digo que es perversa la mente del hombre de tratar de distorsionar.
