La presidenta Dina Boluarte anunció un conjunto de nuevas medidas que exigirán a los ciudadanos venezolanos en el país la presentación de un contrato de trabajo y de alquiler como parte de un “reajuste” en Migraciones.

Estas disposiciones, según explicó, se implementarán como respuesta al incremento de la inseguridad ciudadana, atribuyendo a gobiernos anteriores la responsabilidad por permitir el ingreso descontrolado de delincuentes extranjeros.

Durante su discurso, Boluarte criticó la falta de acción de gestiones pasadas, asegurando que “este tema de la delincuencia no es de ahorita”. Añadió que miles de personas ingresaron al país sin los controles adecuados, lo que permitió que algunos delincuentes se establecieran en el territorio nacional sin mayor impedimento.

Boluarte destacó que, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, se han emitido 37 normas legales enfocadas en combatir el crimen organizado. Como resultado, más de diez mil extranjeros han salido del país tras un periodo de regularización migratoria que concluyó el 14 de noviembre de 2023.

La presidenta subrayó que como parte de este “reajuste” migratorio, será obligatorio que los ciudadanos venezolanos que trabajan legalmente presenten tanto su contrato laboral como el contrato de alquiler de su vivienda.

Además, Boluarte advirtió que el Gobierno realizará un seguimiento financiero de las remesas enviadas al extranjero para verificar la procedencia de los ingresos de los migrantes. “Vamos a hacer seguimiento financiero, y aquel que no responda de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer”, declaró.

En otro momento, Boluarte reiteró el compromiso del Gobierno con la lucha contra la criminalidad, calificando a los delincuentes extranjeros como una “lacra social”. “Los botaremos del territorio nacional”, concluyó la presidenta.

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