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La vicepresidenta Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional, según un informe de la Contraloría General de la República, ya que habría firmado documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
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El documento, difundido por Canal N, fue remitido el viernes por la tarde al Congreso de la República para que sea evaluado y se tomen las acciones correspondientes.
El texto se basa en la labor de fiscalización realizada por la Contraloría entre los meses de setiembre y enero.
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“La fiscalizada durante le periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo”, se lee en el texto.
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Según la Contraloría, esto podría evaluarse como una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
Dicho extracto de la Carta Magna señala que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
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