Dina Boluarte afronta dos acusaciones constitucionales en su contra. (Foto: archivo GEC)
Dina Boluarte afronta dos acusaciones constitucionales en su contra. (Foto: archivo GEC)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se encargará de debatir este viernes 10 de junio el informe de calificación que propone declarar procedente las denuncias constitucionales contra la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte.

Dicho informe declara procedentes las acusaciones presentadas en contra de la también vicepresidenta de la República. Esto, luego de que la Contraloría emitiera un informe que en el que señala que presuntamente habría infringido el artículo 126 de la Constitución al haber firmando documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac mientras era funcionaria.

La primera denuncia fue presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País), con el apoyo de parlamentarios de su bancada, por la supuesta infracción a los artículos 38 y 126 de la Carta Magna. Además, por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

La segunda denuncia la planteó el legislador Javier Padilla (Renovación Popular), también por la presunta infracción al mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

Las denuncias constitucionales coinciden en señalar la infracción al artículo 126 de la Constitución, al indicar que la denunciada Dina Ercilia Boluarte Zegarra intervino en la gestión del Club Departamental Apurímac, siendo ministra de Estado, lo cual está prohibido expresamente por el citado artículo de la carta magna”, señala el documento.

Asimismo, el informe de calificación propone que se declare improcedente el supuesto delito de abuso de autoridad.

Si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso), aprueba el informe, este será enviado a la Comisión Permanente para asignar un plazo a la indagaciones correspondientes. Tras ello, el caso llegaría al Pleno del Congreso.