El informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) concluye que el Gobierno de Dina Boluarte aplicó restricciones al derecho de la reunión pacífica durante las marchas en su contra. Sin embargo, también se reconoce se que produjeron actos de violencia por parte de los manifestantes.
CIFRAS
“La mayoría de las protestas que tuvieron lugar en Perú entre diciembre de 2022 y julio de 2023 se desarrollaron de forma pacífica, aunque algunos manifestantes y otras personas protagonizaron actos de violencia”, se lee en la primera conclusión del documento.
Sobre este punto, el informe hace un resumen en sus primeras páginas al señalar que algunos manifestantes causaron heridos, entre ellos, agentes de la Policía e integrantes del Ejército.
Precisan que según los datos que recibieron de instituciones del Perú, 980 policías y 36 militares fueron heridos durante las marchas.
La OACNUDH informó que documentó 74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país.
Entre los edificios gubernamentales afectados están comisarías, oficinas del Ministerio Público y Poder Judicial, así como domicilios de funcionarios.
Por otro lado, mencionan que de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) se registraron 4261 bloqueos de carreteras en todo el Perú durante el período de las manifestaciones.
REACCIONES
La presidenta Dina Boluarte destacó la respuesta de su gestión ante los afectados por las marchas.
“Indica que el Gobierno ha reaccionado rápidamente para poder atender a las víctimas de esa situación y a los heridos también”, sostuvo desde Lambayeque.
“La única manera de buscar el desarrollo del Perú es con un trabajo articulado”, agregó.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dijo a RPP que “el esclarecimiento de los hechos” sobre las muertes durante las protestas será dado por el Ministerio Público.
