La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe final situacional sobre los derechos humanos en el Perú a raíz de las protestas sociales que se dieron en diversas regiones del país exigiendo la salida de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

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El informe de 113 páginas recoge los sucesos de las movilizaciones sociales que se desarrollaron contra el Gobierno de Dina Boluarte, entre el 7 diciembre del 2022 y 23 enero de este año, donde se registraron 477 manifestaciones.

Al respecto, la Comisión señala que “las fuerzas estatales” no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos como Lima, Ica, Arequipa y Cusco, donde la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza.

“Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, se indica.

Asimismo, detallaron que, en el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.

“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, se acota.

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