El Poder Judicial rechazó, en segunda instancia, la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte, la cual pretendía anular la denuncia constitucional en su contra por las muertes durante las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
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A través de una publicación en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Poder Judicial, se precisó que la Segunda Sala Constitucional de Lima emitió dicha decisión.
“La Corte de Lima declaró en segunda instancia, improcedente la demanda de amparo de la Presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023″, se lee.
Como se sabe, en noviembre del 2023 se presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las protestas tras el golpe y la vacancia de Estado de Pedro Castillo.
El 26 de mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley determinó la falta de sustento fáctico y jurídico en los argumentos presentados por la defensa de Dina Boluarte, y concluyó que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar. Ahora con este nuevo fallo, el caso de la presidenta se complica.
Fiscalía
De otro lado, el equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales formalizó 18 investigaciones preparatorias contra investigados por muertes y lesiones en agravio de 267 ciudadanos durante las protestas sociales registradas en el país, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Las investigaciones abarcan las regiones de Ayacucho, Puno, Cusco, Apurímac, Lima, Selva Central, Ucayali, Arequipa y La Libertad y estos casos comprenden a 154 miembros de la Policía Nacional y el Ejército del Perú, informó el Ministerio Público.
Del número de ciudadanos afectados e incluidos en las investigaciones, 26 personas fallecieron y 241 resultaron heridas. El mayor número de casos se registra en Puno, donde murieron 14 personas, entre ellas Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe y se registraron 108 heridos.
“Ejecuciones extrajudiciales”
Precisamente, este 18 de julio, Amnistía Internacional presentó un nuevo informe de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2022 y 2023, en el que 50 personas y un policías murieron y más de 1,400 resultaron heridas. La evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones en curso, según la organización, la misma que advierte “ejecuciones extrajudiciales”.
Amnistía Internacional presentó el informe, “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, el cual detalla las decisiones clave tomadas por la presidenta como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que ameritan que los fiscales evalúen su responsabilidad penal individual en sus investigaciones en curso.
“Hubo sesgo claramente racista de la represión en las protestas (...) Se ha analizado el discurso racista y discriminatorio contra los manifestantes. Lo que ocurrió (...) se trata de graves violaciones de derechos humanos, no fueron hechos aislados y por lo tanto tiene que haber una responsabilidad penal en toda la cadena de mando”, incidió Marina Navarro directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Alberto Otárola
Además, el informe de Amnistía Internacional subraya el rol decisivo que tuvo Alberto Otárola, tanto como ministro de Defensa y luego presidente del Consejo de Ministros.
“Amnistía Internacional analizó el papel protagonista de Alberto Otárola, quien fungió primero como ministro de Defensa y posteriormente como presidente del Consejo de Ministros, en todo momento tomando un rol público prominente y calificando a la policía y las fuerzas armadas como ‘héroes’ a pesar de que sus operaciones diarias resultaban en múltiples muertes y personas heridas en varias partes del país”, señala.
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