Presidenta Dina Boluarte respondió interrogantes en la Fiscalía de la Nación. Negó haber negociado favores con la entonces Fiscal Patricia Benavides.
Presidenta Dina Boluarte respondió interrogantes en la Fiscalía de la Nación. Negó haber negociado favores con la entonces Fiscal Patricia Benavides.

Acerca de la afirmación de un colaborador eficaz, según el cual la presidenta Dina Boluarte aceptó una reunión privada con la entonces Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la mandataria respondió 55 preguntas en la Fiscalía, comentó el abogado Juan Carlos Portugal.

La diligencia duró aproximadamente 58 minutos en los cuales, dijo el abogado, Boluarte decidió no invocar su derecho de silencio.

Según lo dispuesto por la Fiscalía de la Nación, el interrotario tuvo lugar, de manera presencial, en las instalaciones del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales, sito en el piso 9 de la sede principal del Ministerio Público, en el Centro de Lima.

PRESUNTO CÓNCLAVE.

La investigación data de julio de 2024 y se origina en las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Según Villanueva, se produjo una reunión reservada entre la mandataria Dina Boluarte y la entonces titular de Ministerio Público.

En dicho cónclave -siempre de acuerdo a la versión del colaborador-, la fiscal Benavides le habría pedido a la jefa del Estado que no removiera del cargo al entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro.

A cambio de tal favor, Benavides no presentaría una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.

La defensa de Boluarte ha sostenido que no hubo tal reunión privada.

Como prueba de ello remarcó que el referido jefe policial fue relevado de sus funciones.

Esta versión ha sido reiterada por la defensa de Boluarte en una entrevista a un medio de comunicación.

Además, añadió la defensa de la mandataria, que la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides sí presentó una denuncia constitucional contra la presidenta por presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio (Caso Rólex) en agravio del Estado.