Caso Martín Belaunde: Dos jueces bolivianos podrían ser separados de sus cargos

Los dos jueces paceños, que según denunció el presidente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, habrían recibido $100,000 de Martín Belaunde Lossio para frustrar su extradición al Perú, podrían ser separados de sus cargos en los próximos días.

48 HORAS. Y es que tras conocerse la acusación de Siles, el Consejo de la Magistratura de Bolivia ordenó a su Unidad Nacional de Transparencia que inicie una investigación contra los dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Torre.

Ayer, la agencia boliviana ABI informó que la presidenta de dicha unidad, Jenny Ibáñez, tiene 48 horas para remitir los antecedentes del caso al juez disciplinario de La Paz a fin de que empiece el proceso sancionador.

Incluso, el magistrado Wilber Choque, miembro del órgano judicial boliviano, expresó a la Agencia de Noticias Fides que serán drásticos con los acusados si se comprueba que fueron sobornados.

“Corresponde al juez disciplinario investigar. Si esta autoridad durante el proceso de investigación encuentra elementos suficientes para sancionar a los dos vocales, lo que correspondería es la destitución”, sostuvo.

Ampliación. Sin embargo, la situación de los vocales se complicaría aún más. El miércoles, la Conare solicitó al Ministerio Público que los detenga.

Esto, luego de que solicitaran la ampliación de la denuncia por prevaricato e incumplimiento de funciones al delito de cohecho pasivo.

“Hemos encontrado suficiente materia para ampliar la denuncia que inicialmente fue presentada el 7 de abril del 2015 por el tema de prevaricato de incumplimiento de deberes”, dijo Siles al diario Correo del Sur de Sucre.

Entre tanto, fuentes allegadas al abogado de MBL, Jorge Valda, adelantaron a la cadena televisiva ATB que el letrado se acogería a juicio abreviado, tal y como lo hicieron los dos otros bolivianos sentenciados por el caso.

Es decir, se declararía culpable con el fin de ser objeto de una sanción menor.

Además, en su sexta audiencia suspendida, Valda afirmó haber recibido amenazas de muerte en las celdas judiciales.