Poco alentadores son los resultados obtenidos por el Perú en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). El país, que registró similares indicadores a los de 2015 con 406 puntos en ciencias, 390 en comprensión lectora y 382 en matemáticas, mostró que sigue de capa caída.

Este lamentable reporte mereció incluso el pronunciamiento de la presidenta Keiko Fujimori, quien afirmó que “el resultado ha sido muy triste y estremecedor”.

Sin embargo, en el último quinquenio parece no haberse hecho mucho en el sector. Distintas leyes promulgadas, ya sea con la venia del Ejecutivo o por la insistencia del Congreso, exponen que los responsables de estas falencias van más allá del Poder Ejecutivo.

Primeros pasos

Una de las normas más cuestionadas se publicó en abril del 2024. La Ley 31996 le abrió la puerta a más de catorce mil docentes que habían sido separados de la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Los profesores que integraban dicho grupo habían sido nombrados de forma interina, bajo la antigua Ley del Profesorado (Ley 24029). Sin embargo, con la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) se exigía una regularización.

Este proceso, oficializado mediante una resolución del Ministerio de Educación (Minedu), tenía que desembocar en la salida de dichos docentes. Parte de ellos no acudieron a la prueba de evaluación correspondiente y algunos la desaprobaron, entre otros factores.

No obstante, tiempo después, bancadas como Perú Libre y el Bloque Magisterial de Concertación Nacional impulsarían una iniciativa para que dicho grupo de docentes pudiese reincorporarse en sus labores.

En el Congreso, el trayecto fue el siguiente: se aprobó en primera votación, y fue exonerada de la segunda, en agosto del 2023. El gobierno de Dina Boluarte observó la ley en diciembre del mismo año tras asegurar que se afectaba la meritocracia.

Sin embargo, el Parlamento aprobó la medida por insistencia en abril del 2024. Lo hizo con 6 votos en contra y 92 votos a favor de Fuerza Popular (16), Perú Libre (9), Renovación Popular (8), Alianza para el Progreso (89), Juntos por el Perú (9), Bloque Magisterial (8), Podemos Perú (6), Somos Perú (4), No agrupados (9), Acción Popular (5), Avanza País (3) y Perú Bicentenario (5).

La ley fijó una reincorporación directa y convalidar el ejercicio efectivo de la docencia, entre otros; y una evaluación excepcional, por única vez, para algunos maestros. La ley también estableció un programa de fortalecimiento con el objetivo de preparar a los interesados en esta prueba, cuya participación era voluntaria.

También en el 2024 se emitió otra norma vinculada al sector (Ley 32121), pero lejos de abordarse la situación de los estudiantes, se aprobó un bono extraordinario de S/380 para docentes y auxiliares de educación.

El beneficio alcanzó a “nombrados y contratados de las instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva”. Un desembolso de S/130 millones fue necesario para cubrir la demanda. La medida fue promulgada por el gobierno de Boluarte.

En cuanto a retribuciones económicas a docentes, hay más. Todo indica que el Tribunal Constitucional (TC) definirá la situación de la Ley 32581. Publicada en abril del 2026, la norma –que aún no cuenta con un reglamento para su implementación– estableció que la pensión de docentes jubilados y cesantes se equipare al personal de la primera escala magisterial, es decir, S/3300.

Los beneficiarios pertenecen a los sectores de la Educación Básica Regular, Alternativa, Especial y Técnico-Productiva. Fue aprobada por insistencia por el anterior Congreso. Hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestiona su aprobación.

“La otra es cambiar una norma populista que se ha dado. La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público. Lo vuelve injusto”, indicó al respecto el actual titular de la cartera, Elmer Cuba, un mes antes de asumir el cargo.

Hoy, Cuba ha detallado que el Gobierno buscará dialogar con los colectivos para negociar una nueva escala. Si bien el Colegio de Economistas del Perú ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, la gestión de Keiko Fujimori hizo lo propio.

Más casos

Otra ley flexibilizó las reglas para que un grupo de docentes del sector privado, sin título pedagógico o profesional, pudiesen regularizar su situación.

La Ley 32272 aprobada en marzo del 2025, durante el gobierno del entonces presidente José Jerí, otorgó un plazo excepcional de siete años para que dichos docentes continúen con sus labores, incluso sin contar con este reconocimiento académico.

​La ley en mención modificó el Decreto de Urgencia N.º 002-2020, que fue publicada en enero del 2020 para, precisamente, “luchar contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada”. El objetivo era el “fortalecimiento de la educación básica” brindada por estas instituciones.

De otro lado, también se registran leyes cuestionables en torno al nivel de Educación Superior. En mayo del 2021, en el entonces gobierno de Pedro Castillo, se emitió la primera (Ley 31359) de cuatro prórrogas del bachillerato automático. Esta medida había sido ampliamente abordada y criticada por especialistas en la materia, quienes aseguraron que la exigencia y el rendimiento académico se verían perjudicados.

La medida se había implementado en abril de ese año mediante la Ley 31183, promulgada por el Congreso, con la actual senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) a la cabeza, tras no ser observada por el gobierno de Francisco Sagasti.

Otra norma también fue sujeto de múltiples observaciones. La Ley 31520, aprobada por insistencia en el Congreso en el 2022, modificó el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Con ello, se dispuso que representantes de determinadas universidades, que debían ser sujeto de fiscalización, ocupen un lugar en el equipo de trabajo. Con los cambios, se elegirían dos representantes de universidades públicas y un representante de las universidades privadas.