La votación para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue suspendida ayer por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ante la ausencia de sus siete integrantes, acusados de incurrir en presuntas faltas graves en la institución.
La noticia fue comunicada a los congresistas poco después de haberse iniciado la sesión del pleno. Allí se dio lectura al oficio que la Junta Nacional envió anoche y en el que argumentó que “estaban impedidos legalmente de asistir” al Parlamento Nacional.
El argumento de la JNJ fue que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima le concedió la medida cautelar para detener provisionalmente el proceso de destitución que realiza en su contra el Parlamento.
Como se sabe, la decisión judicial fue consecuencia de la demanda que planteó la institución para anular el proceso de fondo, que se inició en la Comisión de Justicia, con una investigación en contra de los magistrados y una propuesta de sanción.
instancias. En la misma sesión de ayer, Soto Reyes comunicó que la Procuraduría Pública del Congreso apeló la medida cautelar que suspende el proceso de remoción.
La intención de la apelación sería que en un breve tiempo el Congreso vuelva a citar a los magistrados mientras se resuelve ese recurso. Como se sabe, el PJ recién evaluará el fondo del asunto -una acción de amparo- el 24 de noviembre.
Ahora bien, esa no es la única estrategia que tiene el Parlamento. Ayer por la tarde algunas voces planteaban que este poder del Estado acuda al Tribunal Constitucional con una demanda competencial.
La finalidad es que el máximo intérprete de la Carta Magna delimite las competencias del Congreso y del PJ, ahora, en un asunto que involucra a la JNJ.
Por ejemplo, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, consideró que el hecho de apelar a la instancia judicial solo es un camino de dos, y que el otro es acudir al TC.
“No solo creo que solo se debe apelar, sino que acudir al TC ya sea con una demanda competencial o pidiendo un control de cumplimiento de sentencia sobre lo resuelto en una demanda competencial (anterior)”, refirió.
Muñante se refirió así a la sentencia que emitió el TC en marzo pasado a favor del Parlamento en una demanda competencial para la elección del defensor del Pueblo.
De igual modo, Martha Moyano (Fuerza Popular) afirmó que debe realizarse un control de cumplimiento de esa sentencia.
“La JNJ ya tiene su medida cautelar, aquí incluso debe haber un control de cumplimiento de la sentencia de marzo”, manifestó.
Similar opinión tuvo Jorge Montoya (Renovación Popular).
“La decisión de la Sala contradice nuestra Constitución y las decisiones previas del Tribunal Constitucional”, aseveró.
