El pleno del Parlamento sesionó hasta la madrugada del viernes. (Foto: Congreso de la República)
El pleno del Parlamento sesionó hasta la madrugada del viernes. (Foto: Congreso de la República)

Con la coyuntura de la emergencia nacional por el COVID-19 como respaldo, el Congreso de la República ha impulsado, y aprobado, iniciativas legislativas con poco sustento técnico bajo el argumento de buscar un beneficio para la población. No obstante, más de una de estas propuestas no solo serían inconstitucionales, también afectan la economía nacional.

Sobre el tema, Correo conversó con diversos especialistas para analizar los proyectos del Parlamento, y si es que estos pasan por el filtro del debate técnico para una mejor viabilidad.

LOS CASOS. Una de estas iniciativas, acaso la que más controversia levanta ahora, es aquella que busca reprogramar, congelar y hasta condonar las obligaciones bancarias y comerciales. Es decir, los créditos.

Entre otras perlas, también se pueden contar los diversos proyectos de ley, presentados también por varias bancadas, para retirar dinero de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y en algunos casos hasta del 100% de esos fondos, tal como se concretó con la ley -que el Parlamento aprobó por insistencia- para disponer de parte del fondo de las AFP.

Tales planteamientos avanzan pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió en su momento que afectarían a los actuales jubilados y “los dejaría sin pensiones”.

Otra de las iniciativas que ya ha obtuvo la luz verde del Congreso es aquella que suspendió el cobro de peajes en todo el país durante la epidemia del nuevo coronavirus. Empero, su validez se definirá en el Tribunal Constitucional, luego de que el Ejecutivo interpusiera la respectiva demanda.

Como si todo esto fuera poco, hay, asimismo, un predictamen aprobado por la Comisión de Trabajo que busca frenar -en pocas palabras, prohibir- los despidos durante la emergencia.

ANÁLISIS. Sobre el tema, Alexandra Ames, especialista en gestión pública y docente de la Universidad del Pacífico, consideró preocupante que el Congreso no se tome el debido tiempo para analizar adecuadamente el impacto que puedan tener sus normas en el país.

“Por un lado, es necesario comprender que estamos en una situación de emergencia, que se tienen que tomar decisiones rápidas. Sin embargo, esta sería más una función del Ejecutivo, y no del Parlamento, que es justamente una instancia para el debate, para mejorar las ideas y tener buenas propuestas”, remarcó Ames a este diario.

Consideró, además, inaceptable que los proyectos de ley sean aprobados sin que estos superen un debate técnico en la respectiva comisión.

“Las comisiones ordinarias en el Congreso existen justamente para que haya un debate a nivel técnico, tanto positivo como negativo”, refirió la especialista.

José Cevasco, exoficial mayor del Parlamento, opinó a su turno que es grave que el Legislativo apruebe iniciativas que tienen como único filtro a la Junta de Portavoces.

Aseguró que en dicha instancia solo se deben evaluar proyectos de ley de manera extraordinaria, tal como lo establece el Reglamento del Parlamento.

Asimismo, sostuvo que esa forma de legislar “no es buena ni para el país ni para el Congreso”, ya que muchas iniciativas luego acaban observadas por el Ejecutivo.

“A medida que los proyectos son observados, la ciudadanía le va a ir quitando la confianza al Congreso. Se empieza nuevamente a dar opiniones contrarias a la forma en que vienen trabajando y los deslegitiman”, advirtió Cevasco.

En esa línea, consideró que existe una falta de liderazgo por parte de los jefes de cada bancada, ya que -opinó- muchas de las iniciativas son personalizadas y solo buscan un rédito político.

“Según el reglamento, los proyectos se presentan por grupos y no son personales. Esto se instituyó en los años 90, casualmente para romper con el individualismo del congresista”, explicó.

ANTICONSTITUCIONAL. Para la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel Léon, las iniciativas del Parlamento relacionadas al congelamiento de pagos y prohibición de despidos en las empresas van en contra de los preceptos básicos de la Constitución. “No son oportunas en ningún contexto, en realidad”, remarcó.

León añadió que el Congreso no puede ni debe intervenir para obligar a un privado a subvencionar a otro privado.

“Congelar los créditos e intereses generaría una grave crisis financiera nacional que nos afectaría a todos como país. Recordemos que los bancos operan y asignan créditos con el dinero de los ahorristas”, recalcó.

A su juicio, la aprobación de leyes con poca reflexión y análisis solo “perfora la estabilidad jurídica y económica de nuestro país”. Por ello, invocó a los 130 legisladores una mayor reflexión.

“Tomen su trabajo con responsabilidad y actúen con sensatez, respetando los preceptos constitucionales que garantizan las libertades y la estabilidad de nuestro país”, puntualizó.

Álvarez al Congreso: Lo suyo no es la coyuntura

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC)Ernesto Álvarez Miranda aseguró que el Congreso se equivoca al aprobar proyectos sin debates y estudios en comisiones.

“Lo suyo no es la coyuntura inmediata, sino la elección de miembros del TC, el control de los decretos de urgencia y las leyes. Solo las imprescindibles y necesarias”, refirió.