El Congreso y una agenda mortal contra Castillo

El primer año del Congreso acabó el último viernes 15 pero los procesos pendientes que el Parlamento tiene para la siguiente legislatura podrían colocar en ‘jaque’ al Gobierno de Pedro Castillo Terrones, investigado por presuntos actos de corrupción.

El periodo parlamentario 2022-2023 se perfila como clave para definir el camino que tomarán las acusaciones constitucionales formuladas contra el mandatario, la vicepresidenta Dina Boluarte; así como el debate de propuestas e iniciativas legislativas que plantean alternativas frente a la crisis política.

Analistas consultados por este diario coincidieron en señalar que la próxima legislatura definirá la situación del jefe de Estado y el futuro de su régimen, incluso sin descartar la eventual formulación de una nueva vacancia presidencial. Los parlamentarios retomarán sus labores el 27 de julio, fecha en que se tiene prevista la elección de una nueva mesa directiva.

AGENDA. Uno de los temas que el Parlamento deberá resolver en las siguientes semanas será la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, la cual plantea que el mandatario habría incurrido en presunta infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución Política del Estado, y la probable comisión del delito de traición a la patria.

La acusación fue formulada inicialmente en febrero pasado por un grupo de seis abogados, entre ellos, Lourdes Flores Nano, luego que Castillo Terrones brindara una entrevista a la cadena CNN en Español.

El documento, acogido por los congresistas de Renovación Popular Norma Yarrow y José Cueto, fue declarado procedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y actualmente se encuentra en estado de audiencia. El legislador Wilson Soto (AP) es el delegado en la denuncia constitucional.

El pasado 3 de junio, la Subcomisión recibió al abogado de Castillo, José Palomino Manchego, como parte de las citaciones que se realizan de cara a la elaboración del informe final y se visualizaron extractos de la entrevista en CNN. Ese día también se anunció que serían convocados los testigos del caso, entre ellos, el periodista Fernando del Rincón, para dar por culminada la etapa de audiencia. No obstante, no se fijó la fecha en la que se tomaría la sesión.

Se espera que el informe final sea presentado a fines de agosto o a inicios del mes de setiembre.

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LA VICE. De otro lado, en simultáneo, continúa su trámite la denuncia constitucional presentada por la bancada de Avanza País contra la vicepresidenta Dina Boluarte por presuntamente infringir los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución.

El proceso contra la titular del Midis se inició luego que un informe de la Contraloría diera cuenta que Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria, pese a que la Constitución prohíbe este tipo de actividades.

El 14 de junio, la Subcomisión declaró procedente la acusación contra Boluarte y, posteriormente, el 1 de julio, la Comisión Permanente acordó -por mayoría- otorgar 15 días hábiles a este grupo de trabajo para la presentación del informe final.

De acuerdo a la agenda, la Subcomisión, presidida por Rosío Torres, tenía previsto designar al legislador delegado de la acusación contra Boluarte el viernes 15 de julio. Sin embargo, la sesión tuvo que suspenderse por falta de quórum.

Dado los tiempos en que este proceso avanza, las conclusiones del informe final aún se verían en octubre.

SARRATEA. Entre tanto, el viernes por la noche el Congreso aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización que recomienda formular una acusación constitucional contra Pedro Castillo por organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, en el caso Sarratea.

Es preciso señalar que se requiere de una denuncia constitucional para que se dé trámite al proceso al interior de la Subcomisión. En este grupo de trabajo primero se definirá si se declara o no procedente la acusación. De ser el caso, entre otros pasos, se designará al legislador delegado para que investigue y elabore un informe final pero tras recibir la luz verde de la Comisión Permanente.

¿Será lo único que analizará el Congreso? Todo indica que no. El expresidente Francisco Sagasti presentó ayer -en RPP- una iniciativa legislativa de reforma constitucional, en la que propone el recorte del periodo del mandato de Castillo hasta el 28 de julio de 2023. Incluye a la vicepresidenta y a los congresistas de la República. Además, plantea modificaciones a las reglas electorales para ser aplicadas en los siguientes comicios.

La propuesta contempla, entre otros puntos, que las nuevas autoridades elegidas completen el periodo hasta julio de 2026.

Sagasti explicó que el texto elaborado recoge planteamientos de grupos y colectivos ciudadanos, así como de diferentes proyectos de ley formulados por legisladores del actual Congreso.

De acuerdo con el exmandatario, para que la iniciativa se concrete debe ser acogida primero por algún congresista a fin de que esta la presente formalmente en el Parlamento. De ser el caso, el documento sería remitido a la Comisión de Constitución. Otra vía, indicó, es buscar firmas, como lo está haciendo el grupo La Propuesta.

Adicionalmente, otro planteamiento que llegaría al Parlamento sería el de Walter Gutiérrez, exdefensor del Pueblo, que ha anunciado que presentará una denuncia constitucional contra Castillo por vulnerar sistemáticamente la Constitución. Este tema también se vería en esta segunda legislatura.

Análisis. Al respecto, el analista político Henry Rafael consideró que en la segunda legislatura los casos contra Castillo pondrán contra las cuerdas al jefe de Estado e inclusive se verá el fin del Gobierno. “Creo que lo que vamos a ver es la conformación de una mesa directiva pensando en ya poder presentar la vacancia del presidente”, dijo.

Según su óptica, desde el Gobierno, el ministro Mariano González (Interior) buscará ser el próximo premier para tratar de mejorar las relaciones con el Legislativo.

En el mismo sentido declaró el analista César Campos. En su opinión, desde que se iniciaron las investigaciones contra el presidente Castillo, este estuvo arrinconado, pero ahora, en la siguiente legislatura, se definirá su situación.

Ambos coinciden en que este nuevo periodo será determinante para la continuidad del jefe de Estado, zarandeado por sus propios errores y los claros indicios de corrupción que lo rodean a él, a su Gobierno y a sus propios familiares.

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