El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo avanza sin interrupciones, hasta el momento, con un ritmo usual de audiencias de hasta tres veces por semana (martes, jueves y viernes).

El proceso, a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, debe culminar antes de fin de año o a inicios del próximo, señalan especialistas.

La imposición de una potencial condena al expresidente frenaría, antes del inicio del año electoral (2026), sus intentos de aspirar a un cargo público a través de un partido aliado con inscripción como Juntos por el Perú (JPP), de Roberto Sánchez.

En curso

La primera audiencia de juicio oral se llevó a cabo el 4 de marzo del presente año. Hasta la fecha, han transcurrido más de cincuenta sesiones a cargo de los jueces José Neyra (presidente), Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez (directora de debates).

En total, son siete los acusados: Castillo; su expremier Betssy Chávez; el exjefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres; el exministro Willy Huerta (Interior); el exjefe de la Región Policial Lima, Manuel Lozada; y Justo Venero y Eder Infanzón, exjefe operativo y exoficial de la Unidad de Servicios Especiales, respectivamente.

Todos ellos son sindicados de rebelión para quienes no se pide menos de 25 años de cárcel, con excepción de Torres, para quien se solicitan 15 años.

Hasta la fecha, han declarado importantes testigos de la Fiscalía, quien había consignado a 40 de ellos en el auto de enjuiciamiento.

En la actualidad, el fiscal adjunto supremo Edward Octavio Casaverde Trujillo representa al Ministerio Público, luego que renunciara la fiscal Galinka Meza el 19 de marzo, solo pocos días después de iniciado el juicio oral.

Testigos

Raúl Alfaro y Jorge Angulo, ex comandante general de la PNP, respectivamente, han corroborado que Castillo pidió cerrar el Congreso y detener a altos funcionarios.

Mientras tanto, congresistas como Adriana Tudela (Avanza País), Diego Bazán (Renovación Popular), Martha Moyano y Vivian Olivos (Fuerza Popular), han declarado abonando a la tesis fiscal. Todos ellos describieron las prohibiciones que recibieron para desplazarse al interior o al exterior del Congreso de la República el 7 de diciembre del 2022.

Además, un testimonio importante fue el de la reportera de TV Perú Cintya Malpartida, quien señaló que fue “engañada” y conducida por Chávez, al interior de Palacio, para filmar un mensaje a la Nación que desconocía que iba a producirse. Esto evidenciaría la participación e implicancia de la entonces primera ministra en la elaboración y gestión de la proclama (ver infografía).

El curso del proceso se ha visto interrumpido por más de un recurso judicial y reticencia de los implicados. Castillo Terrones se niega aún a reconocer el juicio oral, elabora un discurso político cuando debe presentarse en cada audiencia y continúa con un defensor público, Ricardo Hernández, en su representación.

Fuera de ello, sin embargo, cuenta con el patrocinio privado de otros letrados para intentar revocar su prisión preventiva.

En el marco de todos los recursos presentados, destaca el formulado por el exministro Walter Ayala (Defensa) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (medida cautelar) para reincorporarlo en el cargo.

También se han registrado dilaciones tras los dos anuncios de huelga de hambre de Chávez Chino. El segundo de ellos, aún vigente, en el marco de su solicitud para ser derivada a un penal distinto al centro penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, donde ha denunciado presuntos maltratos y amenazas. También figuran las dos recusaciones que presentó, sin éxito, contra la jueza Carbajal.

Del mismo modo, en el juicio también debió resolverse, en su momento, un hábeas corpus contra la magistrada para apartarla del proceso, un recurso de Castillo Terrones que tampoco prosperó.

Proyecciones

El abogado penalista Andy Carrión considera que el juicio podría culminar en tres meses.

Acotó que “no es un caso complicado al ser un delito sencillo” el que se imputa (rebelión).

“Ya han desfilado testigos, se están viendo pruebas documentales. Este año debería terminar”, indicó a este Diario.

Si bien estima una sentencia condenatoria, tiene reservas sobre quiénes serían los condenados por tentativa de rebelión.

“Es probable que sea esa la sentencia por el tenor de lo que los jueces también vienen declarando (...). Incluso el núcleo duro de Castillo, con Betssy Chávez y Aníbal Torres podría ostentar una condena”, señaló.

El también penalista Jorge Zúñiga consideró, a su vez, que este “es un caso que debería cerrarse, a más tardar, en verano” del 2026.

“Es un caso al que se le está dando mucha prioridad y si bien tiene matices de complejidad, estos son desde una perspectiva dogmática. Ahora, se ha incorporado como amicus curiae (a pedido de Betssy Chávez) al doctor Manuel Cancio Meliá, y él abona en una defensa en particular. Creería que con el avance que tenemos, al no ser un caso de crimen organizado, culminaría en este diciembre o marzo de 2026”, dijo a Correo.

El especialista consideró que la sentencia sería condenatoria debido a que, si bien hay cuestionamientos desde una “perspectiva teórica” sobre la imputación (rebelión), “el Poder Judicial haría una suerte de espíritu de cuerpo” para respaldar las decisiones judiciales previas en el marco de este caso.

Restricciones

De dictarse una eventual condena en su contra, el exmandatario verá impedidas sus aspiraciones electorales. Así lo reiteró José Naupari, especialista en temas electorales, en diálogo con Correo.

“Las personas con sentencia condenatoria en primera instancia, vigente, efectivamente no puede postular”, señaló.

Asimismo, acotó que podría producirse otra vía: que el el Congreso le imponga una inhabilitación en el marco de un juicio político.

“Si a él lo inhabilitan en el marco de un procedimiento constitucional, de modalidad de juicio político, no importa si tiene o no sentencia en primera instancia en un proceso penal. Bastaría con la inhabilitación del Congreso para que el expresidente también quede impedido de postular”, afirmó.

Destacó que Castillo “no puede postular a ningún cargo en las elecciones generales, a través de su partido (Todo con el Pueblo) porque este se inscribió después del 12 de abril”, de librarse de una potencial condena.