La situación legal de Keiko Fujimori por el Caso Cocteles está en manos del Tribunal Constitucional, en el que necesita el voto de cuatro magistrados para anular el juicio oral en su contra y que el proceso regrese a la fase anterior, es decir, a la de control de acusación.
Por ahora, el máximo intérprete de la Constitución deberá analizar el fondo del asunto -según fuentes de Correo- hasta octubre próximo para emitir un pronunciamiento oficial.
De acuerdo al recurso de agravio constitucional interpuesto ante el TC, los tribunos tendrán que verificar si se han vulnerado derechos fundamentales de Fujimori Higuchi al ser investigada, procesada y acusada por hechos que no constituyen delitos.
La lideresa de Fuerza Popular afronta un proceso penal por aportes de Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016. El fiscal José Domingo Pérez pide contra ella 30 años y 10 meses de prisión por el delito de lavado de activos y organización criminal.
FUNDAMENTOS.
En su recurso ante el TC, la defensa legal de Fujimori argumentó que a su clienta se le imputaron los delitos de organización criminal y lavado de activos por hechos que en el momento de su comisión, no se encontraban sancionados por la ley penal.
En otras palabras, que se le intentó acusar por delitos que recién entraron al marco legal en agosto de 2019.
En el caso de lavado de activos, se refiere a que no era un delito como parte del aporte de dinero a una campaña electoral.
Al respecto, la defensa de Fujimori advirtió que las instancias ordinarias del Poder Judicial no han tomado en cuenta este criterio y menos han realizado una adecuada motivación acorde con el principio de legalidad.
Por ello, pidió al TC verificar si las resoluciones judiciales que han rechazado los recursos de hábeas corpus contra la acusación -antes del inicio del juicio oral- contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas.
En este punto es necesario aclarar que Fujimori presentó en febrero, en primera instancia, el recurso de habeas corpus ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, pero fue declarado improcedente.
En mayo, apeló a la decisión pero obtuvo la misma respuesta, en segunda instancia. Ante ello, apeló al TC por la vía del “agravio constitucional” para que este se pronuncie sobre el fondo del caso.
En la petición a la que Correo tuvo acceso, la defensa de Keiko refiere que existe una manifiesta violación al derecho constitucional a la libertad individual, pues Fujimori fue detenida preliminarmente y afrontó dos prisiones preventivas que la “justicia constitucional revocó por su arbitrariedad e inconstitucionalidad”.
Además, recuerda que desde 2020 tiene vigente una medida de comparecencia con restricciones.
Agrega que si la conducta realizada por una persona no constituye un delito, entonces someterla a investigaciones y procesos en curso por más de 7 años vulnera flagrantemente el derecho al plazo razonable.
En tal sentido, indicó que le corresponde al TC conocer el recurso de agravio constitucional a fin de controlar la validez de las resoluciones antes mencionadas.
DEFENSA
Al respecto, Giulliana Loza, abogada de Fujimori, refirió que si el Poder Judicial hubiese concedido el recurso de hábeas corpus en segunda instancia, no hubieran acudido al TC.
“Allí hubiera terminado el proceso” refirió a Canal N.
Al ser consultada sobre por qué demoró cerca de siete años en presentar dicha demanda, respondió que se debe a que los mecanismos internos del proceso recién se agotaron en diciembre de 2023.
Loza insistió en que los delitos de lavado de activos y organización criminal contra su defendida no constituían delitos antes del 2019.
Por ello, cuestionó que el juez Víctor Zúñiga Urday haya devuelto al Equipo Especial Lava Jato 23 veces la acusación contra Fujimori Higuchi y solicitado 22 requerimientos subsanatorios.
El número de devoluciones constituye un hecho sin precedentes en este tipo de casos y una demostración de que solo por el juez la acusación siguió su curso.
Pero eso no es todo pues el control de acusación pudo durar dos semana pero tardó dos años. A pesar del tiempo transcurrido, Pérez no ha demostrado los delitos de lavado de activos y de organización criminal.
Tampoco ha incluido a Jaime Villanueva, colaborador eficaz, en sus alegatos como dijo que lo haría en mayo pasado. También ha politizado el caso al incluir al expresidente Alberto Fujimori en sus alegatos del juicio oral (ver infografía).
POSTURAS
En opinión del constitucionalista Aníbal Quiroga, el recurso de Fujimori tiene mucho sentido.
Opinó que nadie puede ser procesado por lo que no es delito y ninguna persona puede estar sujeta a un proceso durante 20 años.
“No es justo, no es humano y menos razonable, y eso no está en los estándares del debido proceso”, manifestó.
Al ser consultado sobre si el TC le da la razón a Fujimori se caería el Caso Cocteles, respondió que “podría anular toda la investigación relacionada a la falta de tipicidad”.
“El TC tiene una discrecionalidad y un poder constitucional mucho más amplio que una Corte Suprema”, aseguró.
Insistió en que dependerá de lo que diga el Tribunal, pero que una consecuencia sería quitar parte de los cargos y no todos o anular de plano todo el proceso.
Por su parte, el expresidente del TC Óscar Urviola aseguró que el máximo intérprete de la Carta Magna podría devolver el caso al control de acusación, la etapa anterior al juicio oral.
Aseguró -en tal sentido- que el TC podría rectificar los errores cometidos en el proceso.
“Lo que no podría hacer el TC es disponer el archivamiento. Eso sería invadir las competencias del fuero penal”, manifestó.
